Los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional (TC) amenazaron con no participar en el Pleno extraordinario convocado para este jueves –lo que habría impedido el quórum necesario para deliberar y votar–, si no se les daba más tiempo para estudiar a fondo el recurso de amparo presentado por el PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio TC, razón por la cual finalmente el presidente, Pedro González-Trevijano, aplazó el cónclave al lunes.
Según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press, la sucesión de acontecimientos comenzó el miércoles por la mañana, cuando el PP presentó su recurso de amparo con la petición de suspensión. A partir de ahí, la maquinaría del TC se puso en marcha, decidiéndose, tras una conversación entre González-Trevijano y el vicepresidente, Antonio Xiol, convocar un Pleno extraordinario para este jueves a fin de evitar que las medidas cautelarísimas perdieran su objeto.
La ponencia recayó sobre el magistrado Enrique Arnaldo y, a lo largo de la jornada, los magistrados fueron encargando a sus respectivos letrados los informes pertinentes, que empezaron a llegar a última hora de la tarde del miércoles y en sentido contradictorio, unos a favor y otros en contra de la suspensión cautelar, estando el de Arnaldo entre los favorables.
Ya en horas de la noche, entraban en el tribunal los escritos de PSOE y Unidas Podemos pidiendo rechazar la paralización preventiva de la tramitación parlamentaria y, en el caso de los ‘morados’, recusando además a González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez bajo el argumento de que, como son los dos magistrados llamados a ser reemplazados por los dos candidatos del Gobierno, tienen un «interés directo» en las enmiendas impugnadas, que buscan renovar el TC.
Las fuentes explican que los magistrados no tuvieron conocimiento de los escritos de PSOE y Unidas Podemos, así como del recurso de Vox –en la misma línea que el del PP–, hasta este mismo jueves por la mañana. Con tan poca antelación, Xiol planteó a González-Trevijano que los cinco magistrados del bloque progresista necesitaban tiempo para estudiar todos los recursos y escritos antes de poder deliberar y votar. En consecuencia, el inicio se pospuso a las 12.00.
Pero llegada la hora, los magistrados progresistas volvieron a transmitir al presidente que no era tiempo suficiente para analizar a fondo asuntos de tal importancia, por lo que no sentían cómodos votando en esas condiciones. Así las cosas, trasladaron a González-Trevijano que, si no se aplazaba el Pleno, se levantarían de la mesa y se irían sin votar.
DOS PAPELES Y UNA DECISIÓN De haberse producido la escena descrita, –que algunas fuentes definen como «circo»–, el Pleno no se podría haber celebrado porque se necesita un mínimo de 8 magistrados –de los 11 que lo integran actualmente– para constituirlo válidamente. En esta coyuntura, González-Trevijano les pidió que dejaran constancia por escrito de la situación.
Poco después, la magistrada María Luisa Balaguer, le entregaba un escrito que el presidente rechazó, por no plasmar expresamente que, si no se aplazaba el Pleno, se marcharían. En consecuencia, la misma magistrada volvió con una segunda versión donde se dejaba constancia de que la «complejidad» y «relevancia» del asunto requería un «estudio completo» y, sin «el tiempo indispensable» para ello, se les imposibilitaba «poder participar en la deliberación y votación».
González-Trevijano aceptó este segundo escrito y accedió a aplazar el Pleno al próximo lunes. Pese a ello, los 11 magistrados se reunieron más de una hora para analizar la situación en conjunto. Desde el bloque conservador, se manifestó la disposición a deliberar y votar, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Con todo, la decisión sobre la admisión del recurso del PP, sus medidas cautelarísimas y la eventual admisión del recurso de Vox y posible personación de PSOE y Unidas Podemos, así como las recusaciones contra el presidente y Narváez, han quedado pospuestas, al menos, hasta el 19 de diciembre.
