La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), ha dado por terminada este viernes su fase de investigación de posibles crímenes de guerra en República Centroafricana, que se ha saldado con la imputación de cuatro individuos y la emisión de una orden de arresto contra un quinto por crímenes de guerra y contra la Humanidad.
El TPI ha abierto dos investigaciones sobre el país africano: la primera sobre el conflicto armado entre 2002 y 2003 entre el Gobierno y grupos rebeldes; y la segunda sobre el enfrentamiento posterior entre las milicias Séléka y anti-balaka que estalló en 2012.
Como consecuencia de ambas investigaciones han sido imputados tres destacados líderes de las milicias anti-balaka, Patrice-Edouard Ngaissona y Alfred Yekatom imputados con 21 y 31 cargos de crímenes de guerra y contra la Humanidad, como también el dirigente miliciano de Séléka, Mahamat Said Abdel Kani, con siete cargos de crímenes contra la Humanidad, que abarcan un espectro de atrocidades desde el asesinato hasta la tortura y los abusos sexuales, pasando por el reclutamiento de niños soldado.
Un tercer dirigente anti-balaka, Maxime Mokom, se encuentra en fase de imputación a la espera de que se concrete el número de cargos, y un quinto individuo, el exministro de Seguridad Mahamat Nouradine Adam está bajo orden de busca y captura por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad al facilitar a las milicias de Séléka el ejercicio de torturas, ejecuciones sumarias y detenciones arbitrarias.
Todos estos casos remiten al enfrentamiento entre milicias, pero cabe recordar la existencia del llamado Tribunal Penal Especial para RCA, encargado de la investigación de atrocidades durante la guerra civil a principios de la década de 2000 entre el Gobierno y los rebeldes de la Unión de Fuerzas Democráticas para la Reagrupación (UFDR), así como la violencia intermiliciana entre Séléka y anti-balaka, considerada como una consecuencia directa.
Así pues, y al margen de estos casos pendientes, el fiscal del TPI, Karim Khan ha confirmado que su oficina «no perseguirá nuevas líneas de actuación sobre la presunta responsabilidad criminal de otras personas» y, salvo «giro significativo de las circunstancias, «la fase de investigación sobre la situación en República Centroafricana ha terminado».
El fiscal dedicó el resto del comunicado a aplaudir la colaboración entre el TPI y el tribunal híbrido de RCA, respaldado por Naciones Unidas.
«Los procesos ante el Tribunal Penal Internacional y el Tribunal Penal Especial se están desarrollando al mismo tiempo y todos colaboran al cierre de la herida de la impunidad», ha explicado el fiscal, en lo que describió como un «ejemplo tangible de sinergias» entre dos jurisdicciones que comparten una misión común, «hacer justicia a las víctimas de los peores crímenes cometidos en la República Centroafricana».
