La defensa del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha insistido en la condición de eurodiputado del dirigente y la inmunidad que ésta conlleva para pedir al Tribunal de Cuentas que paralice el procedimiento que se sigue en su contra.
Así se ha pronunciado el letrado Gonzalo Boye en el marco de la audiencia previa que se ha celebrado en el órgano fiscalizador sobre el presunto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior del ‘procés’, en el marco del procedimiento que se sigue contra Puigdemont, su ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros ex cargos del Govern, a quienes la Fiscalía les reclama 3,4 millones de euros –de forma conjunta y solidaria– en concepto de responsabilidad contable.
«La continuación del procedimiento sin el suplicatorio es una vulneración de la inmunidad y eso genera una nulidad respecto a este procedimiento», ha dicho el letrado. «No estamos diciendo que el Parlamento Europeo vaya o no a levantarle la inmunidad. Pero este procedimiento no puede continuar», ha añadido al tiempo que ha subrayado que si el Tribunal Supremo tiene que pedir un suplicatorio el Tribunal de Cuentas también debe hacerlo.
En este sentido, Boye ha incidido en que lo mismo aplicaría para los exconseller Toni Comín y Clara Ponsatí. «No se debería continuar con este procedimiento al menos a lo que respecta a ellos tres», ha señalado.
En esta audiencia previa, las partes han planteado las «excepciones procesales» que han estimado oportunas. Así, el procedimiento por la responsabilidad contable del ‘procés’ se ha adentrado en su recta final con decenas de ex cargos del Govern como acusados y Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (SCC) como acusaciones.
FISCALÍA CALCULA 3,4 MILLONES DE EUROS DESVIADOS El Ministerio Público presentó el pasado mes de abril una demanda contra 35 ex cargos del Govern donde además pedía apartar a los ex consejeros Joaquim Forn y Josep Rull, así como a otras 14 personas, de la lista se posibles responsables contables, una petición a la que finalmente accedió el TCu.
En su demanda, el Ministerio Público rebajó las estimaciones del órgano fiscalizador sobre la cifra presuntamente desviada. En concreto, pasó de los 9,5 millones calculados por el TCu a 3,4 millones de euros: 2,2 millones relativos a los gastos de acción exterior y 1,2 millones vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017.
Por su parte, Sociedad Civil Catalana presentó demanda contra 11 ex altos cargos del Govern, entre los que se incluyen Junqueras, Puigdemont y el también ex presidente catalán Artur Mas, por los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat. En su caso, les reclamó 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable.
Inicialmente, el TCu fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como ‘Diplocat’, y cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al 1-O. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.
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