México y los países de Centroamérica han destinado de media el 1,2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2022 para hacer frente a la inflación y la seguridad alimentaria, dos problemas que han afectado a la región «de manera considerable» en los últimos meses.
Según el estudio ‘Seguridad Alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México y Haití’, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los mayores costes de los alimentos han repercutido en la capacidad de compra de los hogares de la región y, en consecuencia, se ha experimentado un aumento de la inseguridad alimentaria.
En el último año, entre el 40% y el 50% de la población de países como Guatemala, Honduras o el Salvador se encontraba en situación de inseguridad alimentaria, lo que representa aproximadamente 14 millones de personas. A su vez, más del 25% de sus habitantes se enfrenta a una situación de emergencia alimentaria, en torno a 7,2 millones de personas. Esta cifra representa, según el BID, un destacado incremento desde los niveles de 2019.
América Latina se caracteriza por tener una «disponibilidad adecuada» de alimentos, pero esta «se vio comprometida» por la paralización de la actividad económica durante la pandemia, tal y como recoge el informe. Además, posteriormente, el incremento de los precios de la energía y los alimentos básicos supuso un choque de oferta negativo «importante» para los países de la región, que dependen en gran medida de las importaciones.
Por países, se da una «gran heterogeneidad» en los costes fiscales aplicados para mitigar los problemas alimentarios. Mientras que en México se llegó a destinar el 2% del PIB, este porcentaje se sitúa en el 0,1% en Costa Rica. Por su parte, las medidas en Honduras, República Dominicana, El Salvador o Nicaragua representan entre el 1,35 y 1,8% del PIB.
A pesar del costo fiscal, se considera que, en general, las medidas adoptadas tuvieron carácter compensatorio y hasta el momento no han tenido mayor impacto en la inflación de alimentos.
LOS PRECIOS ALIMENTARIOS CAEN PERO SE MANTIENEN ELEVADOS De cara a los próximos meses, tras alcanzar máximos históricos, los precios de los alimentos han comenzado a experimentar una normalización, aunque todavía se sitúan por encima de los niveles observados antes de la pandemia.
En el caso del maíz o el trigo, las caídas estimadas son de entre el 12% y el 30% en el segundo semestre del año, en comparación con la primera mitad de 2022. Mientras, los precios de bienes energéticos como el gas natural todavía se resisten a bajar.
Asimismo, la frecuencia cada vez mayor de fenómenos meteorológicos adversos como sequías o inundaciones tiene un efecto negativo en el sector primario, lo que podría «agravar» la inseguridad alimentaria. «A medida que avanza la temporada de escasez, las oportunidades laborales disminuirían, reduciendo los ingresos y, con ello, las posibilidades de acceso a alimentos», concluye el estudio del BID.
Fuente: (EUROPA PRESS)
