La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el atentado perpetrado por ETA contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) en 2002 un nuevo informe policial en el que destaca el «control total» que ejercía la cúpula de la organización terrorista cuando tuvo lugar el ataque que se saldó con el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego Alaminos, de 57 años.
Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía responden así a la petición del magistrado Manuel García Castellón, que el pasado marzo reabrió –a petición de Dignidad y Justicia– el sumario sobre el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola e instó a la Guardia Civil –que entregó su informe a finales de noviembre– y a la Policía Nacional para que le remitieran todos los datos sobre los integrantes de la cúpula de la banda en el momento de los hechos.
Cabe recordar que por este caso la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, ‘Iosu’, y Óscar Celarain Ortiz, ‘Peio’, al considerar probado «sin ningún género de duda» que fueron los autores materiales del atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante), que la banda perpetró el 4 de agosto de 2002. Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 investiga quiénes fueron los autores intelectuales de dicho atentado.
En un informe de 2 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores hacen un repaso de las referencias que constan en la Policía sobre los seis líderes de ETA que permanecen investigados desde el pasado julio en este procedimiento: Juan Antonio Olarra Guridi, alias ‘Juanvi’; Ainhoa Múgica, alias ‘Olga’; Félix Ignacio Esparza, alias ‘Navarro’; Mikel Albisu, alias ‘Mikel Antza’; Ramón Sagarzazu, alias ‘Ramontxo’, y María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’.
OLARRA Y MÚGICA, JEFES DEL APARATO MILITAR En 166 folios, los agentes explican que la identificación de estos seis miembros de ETA deviene principalmente de su supuesta integración en el llamado Comité Ejecutivo o, según la última denominación utilizada por la propia ETA, ZUBA, que es el acrónimo de Zuzendaritza Batzordea o Comité Directivo, Comisión de Dirección.
«Los estudios y análisis realizados por esta CGI (Comisaría General de Información) llevan a la conclusión de que en agosto de 2002 –cuando tuvo lugar el atentado en Santa Pola– la ZUBA de ETA estaba compuesta al menos por los responsables de cinco grandes aparatos: militar, logístico, político, internacional y tesorería/finanzas, advirtiendo que al frente de cada uno de ellos estaba un alto responsable de la banda, excepto del Militar, cuya jefatura era desempeñada de forma conjunta y solidaria por Juan Antonio Olarra y Ainhoa Múgica», señalan los investigadores.
La Policía precisa que «en la fecha en que fue cometido el atentado» de Santa Pola los «máximos dirigentes del aparato militar» eran Olarra y Múgica, que «asumieron de forma conjunta la dirección, impulso, control y coordinación de distintas subestructuras que posibilitaban la actividad de una de éstas, la destinataria de todos los esfuerzos, la que englobaba a los distintos comandos armados que ETA mantuvo operativos en el periodo en que ambos ejercieron sus responsabilidades directivas».
«MÁXIMOS RESPONSABLES»
En su informe, los agentes atribuyen nombres y apellidos a los «máximos responsables» de cada una de las cinco áreas mencionadas. Además de señalar a Olarra y a Múgica como responsables de la parte «militar»; la Policía sitúa a Esparza en el apartado «logístico»; a Albisu en el lado «político»; a Sagarzazu en el área «Internacional»; y a Iparraguirre en el apartado de «finanzas».
La Policía Nacional explica que el Comité Ejecutivo de ETA «funcionaba de forma colegiada, y en él se adoptaban las decisiones estratégicas y en ocasiones tácticas». Según precisa en sus conclusiones, «esa función incluía no solo la determinación de la línea estratégica política y militar, sino también el diseño, la planificación, la coordinación, dirección y en ocasiones también la orden o autorización de realizar los atentados terroristas que eran materializados por los comandos operativos».
Los agentes avisan a la Audiencia Nacional de que dichas funciones «se materializaban concretamente, entre otras actividades terroristas, en las llamadas campañas de verano, en las que se puede enmarcar el atentado objeto del presente informe, cometido el 4 de agosto de 2002 en Santa Pola».
Subrayan, además, de que la ZUBA –«como máximo órgano director y coordinador»– se encargaba, a través de las estructuras que estos dirigían, de «proporcionar los medios personales y materiales necesarios a los comandos armados operativos para la comisión de los atentados».
UNA «CADENA PIRAMIDAL»
Los investigadores insisten en su informe en que «ETA es una organización sumamente estructurada y jerarquizada» en la que cada miembro dependía de un responsable y ese de otro superior, en una «cadena piramidal».
«Todos los militantes conocían la existencia del Comité Ejecutivo. Las órdenes de cada responsable se acataban en la convicción de que no se trataba de una orden personal, sino que respondía a un plan elaborado por la cabeza de la organización, esa comisión directiva que era el Comité Ejecutivo», concluyen los agentes.
Así las cosas, la Policía concluye que la ZUBA ejercía un «control total» sobre los actos de sus militante: «dónde, cómo, cuándo, y con quién realizaría sus funciones o viviría, afectando a todos los miembros de la organización, también a los presos, los huidos en terceros países y, por supuesto, los que estaban en activo».
Los agentes hacen un repaso de todas las sentencias condenatorias –nacionales e internacionales– que acumulan los líderes de ETA ahora investigados por el atentado de Santa Pola, así como «manifestaciones» de militantes de la organización terrorista que les reconocen como «responsables» de cada una de sus áreas.
Ya el pasado octubre, la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) –que ejerce la acusación popular en la causa– remitió al juez un informe policial de 2014 en el que se destacaba también el «dominio total» que la cúpula de la organización terrorista tenía de «hasta el último de los peones asesinos» encargados de cometer los ataques.
A finales de noviembre, la Guardia Civil remitió al juez un informe en el que recoge un pormenorizado análisis de la actividad terrorista de ETA entre1994 y 2004: contaba con aproximadamente 1.000 militantes y llevaron a cabo 480 acciones terroristas con un total de 101 víctimas mortales.
Fuente: (EUROPA PRESS)
