Los servicios jurídicos del Congreso se inclinan por rechazar los recursos planteados por PP, Vox y Ciudadanos ante la Mesa de la Cámara por la tramitación de las enmiendas incluidas en la reforma del Código Penal que suprime la sedición y que buscan reformar el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) que corresponde elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las mismas que el PP tiene impugnadas ante el tribunal de garantías.
El órgano de gobierno de la Cámara Baja tendrá que pronunciarse este martes sobre todos estos recursos, unas peticiones que los letrados son partidarios de tumbar, según los escritos que han redactado al respecto, a los que ha tenido acceso Europa Press.
Aunque la opinión de los servicios jurídicos no es vinculante, sus argumentos pueden ser esgrimidos por los miembros de la Mesa y todo parece indicar que en ellos se ampararán el PSOE y Unidas Podemos para rechazar los recursos.
Asimismo, con carácter general los letrados remarcan que «se ha de tener en cuenta que la iniciativa de referencia se encuentra actualmente en tramitación en el Senado, tras haber sido aprobada por el Pleno de la Cámara» el pasado día 15.
Se da la circunstancia de que para la reunión de este martes, el PP y Vox sólo contarán con dos votos en ese órgano, de la ‘popular’ Ana Pastor, y el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, dado que el PP todavía no ha propuesto un candidato para cubrir la vacante dejada en la Mesa por Adolfo Suárez Illana –que dejó su escaño hace unas semanas– un puesto que debe ser elegido por el Pleno de la Cámara.
NO SE PRONUNCIAN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Uno de los recursos del PP tenía por objeto que se requiriera a la Mesa de la Comisión de Justicia que se abstuviera de tramitar las citadas enmiendas «por ser inconstitucionales».
Los letrados no entran a valorar si se ajustan o no a la Constitución y se limitan a señalar que «la competencia para la calificación de enmiendas a iniciativas legislativas les corresponde a las Mesas de las comisiones, sin que quepa una revisión de este tipo de decisiones por parte de la Mesa de la Cámara».
Lo mismo esgrimen ante la petición de Ciudadanos de que se reconsidere la admisión a trámite de las enmiendas cuestionadas por estas tres formaciones y de un escrito registrado por Vox en términos similares. Los de Santiago Abascal alegaban que se había «vulnerado el derecho a la participación política de los diputados» al legislar sobre la renovación del TC vía enmiendas, lo mismo que defiende el PP en su recurso ante el TC, un asunto en el que no letrados del Congreso no entran.
El PP y Vox también querían que la Mesa del Congreso solicitara informes sobre el conjunto de la proposición de ley al CGPJ y el TC, órganos a los que los ‘populares’ añadían el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. Asimismo, Vox era partidario de pedir informes específicos al Consejo de Estado y la Abogacía del Estado sobre las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos.
En todos los casos los letrados argumentan que se trata de informes que no son «preceptivos» por tratarse de una proposición de ley. También apuntan que, en todo caso, es una decisión «potestativa» de la Mesa del Congreso la remisión de una iniciativa legislativa al CGPJ para que informe sobre la misma algo que, en este caso, no se ha producido.
En otro escrito, los servicios jurídicos ponen de relieve que la Mesa del Congreso «decide autónomamente acerca de la pertinencia de solicitar informe a la Secretaría General respecto de las cuestiones que se someten a su examen». Vox demandaba que se pidiera un informe sobre la «constitucionalidad» y la «legalidad» de la proposición de ley y de la conexión de las enmiendas impugnadas con el texto original a la Secretaría General o a los letrados de la Comisión de Justicia.
AVALAN LA TRAMITACIÓN URGENTE Los de Santiago Abascal también intentaron que se paralizara la tramitación y se recabara informe a la Comisión Constitucional sobre la generalidad del texto y las enmiendas relativas al CGPJ y el TC, pero los servicios jurídicos recuerdan en este caso que la proposición de ley ya están en el Senado.
Además, los servicios jurídicos defienden, ante la petición del PP de que la iniciativa se tramitase por el procedimiento ordinario y no por urgencia que el Reglamento del Congreso otorga a la mesa la facultad «de acordar tal tramitación, sin establecer ningún otro requisito para ello más que el de la petición de los sujetos legitimados al efecto», como fue el caso.
Fuente: (EUROPA PRESS)
