La Mesa del Congreso ha decidido este martes poner fin a las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas a la reforma constitucional impulsada por el Gobierno para acabar con el término ‘disminuido’ que recoge el artículo 49 de la Carta Magna, una iniciativa que se registró en mayo de 2021, pasó su primer examen cuatro meses después y desde entonces estaba bloqueada. Así, los partidos deberán presentar este miércoles sus enmiendas al articulado, informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Esta reforma constitucional fue impulsada por la Vicepresidencia de Carmen Calvo sobre la base de un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de las primeras elecciones de 2019.
El texto, además del cambio del término ‘disminuido’ por ‘persona con discapacidad’, propone destacar «los derechos y deberes previstos» en la Carta Magna «en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva» para este colectivo, sin que «pueda producirse discriminación»; y encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de «políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad».
«ESTO NO ABRE NINGÚN MELÓN», DIJO CALVO Cuando presentó la reforma ante el Congreso, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno quiso dejar claro que no iba a suponer la apertura de un proceso constituyente y que no se habría «ningún melón» para tratar otros asuntos.
«No es en lo que estamos, no es en lo que está el Gobierno ni de lejos», afirmó, tras plantear algún grupo parlamentario como ERC la necesidad de llevar acabo otras reformas de mayor calado, y alertar el PNV de que el debate de esta norma podrá ser usado para ponerlos sobre la mesa.
Calvo fue destituida por Pedro Sánchez en la crisis de Gobierno de julio de 2021 y su sucesor en el Ministerio de Presidencia, Félix Bolaños, fue quien defendió la reforma constitucional ante las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y por Vox.
Para el partido de Santiago Abascal, la redacción planteada por el Gobierno «no es adecuada a los fines que persigue, habiendo sido declarada como ‘perturbadora’ por el propio Consejo de Estado, y carece de la calidad necesaria para ser incluida como artículo de la Carta Magna».
SE NECESITA UN SOSIEGO QUE NO EXISTE El PP, por su parte, argumentaba que reformar la Constitución siempre exige «espíritu de sosiego y de pacto político, justamente dos elementos de los que en este momento de gravísima crisis económica y social se carecen». «Con estas premisas, la aspiración de proceder a una remodelación de la Carta Magna a día de hoy es imposible», señalaban en su enmienda de veto.
A su juicio, «la inoportunidad del momento es clara y va unida a la inestabilidad de un Ejecutivo débil sometido a permanentes presiones de sus socios coyunturales para garantizar su permanencia en el poder, lo que abona la posibilidad de que, si se abre el edificio constitucional a una reforma puntual, pueda abocar a intentos de voladora de toda la arquitectura constitucional mantenida por decenios de convivencia y de progreso y de bienestar para los españoles».
El PSOE y Unidas Podemos no tuvieron problemas para superar la primera votación de la reforma en el Pleno del Congreso, pero la oposición del PP y Vox ya amenaza la tramitación y aprobación final de la reforma.
Y es que aprobar este cambio puntual de la Constitución necesita un respaldo mínimo de tres quintos de la Cámara (210 votos) y la suma de PP y Vox suman 140 diputados, a los que se pueden añadir los tres aliados ‘populares’ de Navarra y Asturias, UPN y Foro Asturias, por lo que el Gobierno ya tendría imposible llegar a ese listón mínimo que se requiere.
Fuente: (EUROPA PRESS)
