Las Unidades para la Educación Multilingüe de las universidades d’Alacant, València y Jaume I de Castelló UJI, el Departamento de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant y Escola Valenciana piden la retirada del proyecto de decreto del Consell que regula el reconocimiento de la competencia lingüística de valenciano para la homologación de los estudios en el sistema educativo.
La propuesta de decreto aporta como novedad que acredita un nivel B2 al alumnado que acaba el Bachillerato habiendo aprobado la asignatura de Valencià: Llengua i Literatura en los dos cursos de esta etapa, y que reconoce un nivel de C1 al alumnado que acaba el Bachillerato con más de un 7 en esta materia en los dos cursos.
Según recalcan estas entidades, la propuesta «no tiene una base suficiente y comportará un perjuicio, no solo al conocimiento que tiene la población del valenciano formal, sino, aún más, al prestigio social de la lengua». Entre las razones que esgrimen figura que «la propuesta presupone que es equivalente una calificación numérica de una materia a un nivel de competencia lingüística de acuerdo con el MECRL, pero no tiene en cuenta que esta asignatura tiene contenidos y competencias no lingüísticas que también forman parte de la evaluación».
Asimismo, argumentan que «en este momento la administración no tiene información suficiente para acreditar que el alumnado que finaliza los estudios del Bachillerato ha logrado el nivel mínimo exigido de B2 de valenciano».
«No consta que se haya evaluado el nivel de lengua con el que acaba el alumnado esta etapa educativa, y esta tendría que ser una medida previa a cualquier propuesta de homologación. Si se ha hecho la evaluación, los resultados tendrían que ser públicos y, en caso de confirmar el logro del nivel, este sería un argumento a favor de la homologación», subrayan.
En esta línea, defienden que la concesión de un nivel de C1 según el MECRL en las condiciones mencionadas «traiciona directamente su espíritu: la distinción entre un nivel y otro no responde a una calificación numérica mayor o menor en la evaluación, sino a la adquisición de unos grados de competencia y de unos conocimientos diferentes que requieren, pues, instrumentos de evaluación también diferentes». La propuesta apostillan, «simplifica en extremo la evaluación de la competencia lingüística».
En consecuencia, las entidades consideran que la medida «comportará la devaluación de los títulos de conocimiento de valenciano, que actualmente son expedidos por entidades acreditadas, centros de idiomas o instituciones universitarias; desincentivará la adquisición efectiva de la competencia comunicativa en esta lengua y consolidará la percepción del valenciano como una lengua de segunda».
«Se trata de una medida que se propone, además, en un contexto preocupante de minorización del valenciano, tal como demuestran los datos de uso social de la lengua que recoge la última encuesta de Conocimiento y uso social del valenciano (2022) de la misma Conselleria de Educación, Cultura y Deporte», añaden.
En su opinión, en el supuesto de que la administración quiera establecer un mecanismo de homologación del nivel B2 de valenciano al alumnado que finalice el Bachillerato, la Consellería competente debería «hacer una evaluación rigurosa de los resultados de la implantación de los programas lingüísticos PEPLI en el cuatrienio 2019-2022 que demuestre que se logran los objetivos que establece la ley en cuanto al nivel de valenciano del alumnado al acabar la etapa».
CSIF ALEGA POR POSIBLE «DISCRIMINACIÓN»
Por su parte, CSIF ha presentado alegaciones contra el proyecto de decreto al considerar que puede producir «discriminación o agravio» y «vulnerar principios constitucionales, como el de igualdad». Indica que este proyecto de decreto se halla en fase de información pública, y que CSIF, como organización sindical defensora de los derechos de los empleados públicos, se halla legitimada para participar en la fase de información pública de este proyecto normativo.
En este sentido, recalca que «afectará indirectamente a los requisitos exigidos para el acceso al empleo público en la Generalitat».
El sindicato apunta que «el artículo 7 del proyecto de reglamento dispone que se reconoce un nivel C1 a las personas que hayan terminado las enseñanzas postobligatorias no universitarias en la modalidad de Bachillerato con una calificación media de 7 o superior en la asignatura de valenciano en los dos cursos de Bachillerato a partir del curso 2021/2022».
La central sindical recalca que «este reconocimiento resulta absolutamente arbitrario y produce agravios entre las personas que hayan terminado las enseñanzas de Bachillerato».
A este respecto pregunta «por qué la calificación media tiene que ser una nota de 7 o superior en dos cursos de Bachillerato solamente a partir de 2021/2022 y no en los cursos anteriores».
La organización subraya que «se produce una discriminación temporal inadmisible, ya que habrá muchas personas que, con esfuerzo, hayan superado las dos cursos de Bachillerato con una calificación de 7 o superior con anterioridad al curso 2021/2022 y no podrán ver reconocida su competencia lingüística con el nivel C1 solamente por el momento en que iniciaron sus estudios».
El sindicato avisa de otra «discriminación o agravio» en «esa calificación arbitraria, ya que pueden existir muchas personas que hayan aprobado la asignatura de valenciano en los dos cursos de Bachillerato sin haber llegado a la calificación de 7». «Estas personas no tuvieron la posibilidad de adaptar sus estudios, esfuerzo o currículo educativo por no ser conocedoras, en el momento de inicio del curso correspondiente, de una norma que les iba a resultar de aplicación. Esto provoca una situación de inseguridad jurídica», apuntan.
CSIF considera que ese precepto del proyecto de decreto del Consell «puede vulnerar los principios y derechos consagrados en los artículos 9.3, 14, 23.2, 27 y 103.3 de la Constitución Española».
Además, alerta de que esta propuesta legislativa de la Generalitat «únicamente se refiere a centros educativos sostenidos con fondos públicos».
Finalmente, el sindicato advierte de que «como consecuencia de este proyecto de decreto nos podemos encontrar con potenciales servidores públicos que no tendrán la posibilidad de concurrir en igualdad de condiciones al acceso a la función pública debido al momento en que iniciaron sus estudios o, incluso, a causa de los distintos centros educativos en los que hayan recibido su enseñanza».
STEPV: «NO TIENE SENTIDO»
También STEPV ha presentado alegaciones a la Conselleria de Educación al mencionado decreto. Según recuerda, la ley de plurilingüismo de 2018 establece que se acreditarán las competencias orales y escritas equivalentes al B2 en castellano y valenciano en el alumnado al acabar los estudios postobligatorios y que en el plazo de cuatro años después de la aplicación del PEPLI en cada etapa educativa se evaluarán los resultados, lo que aún no ha sucedido.
Por ello, expone STEPV, «no tiene sentido modificar el nivel de acreditación del valenciano». Pero, además, «elevarlo a un C1 tiene menos sentido todavía, puesto que no es función ni del profesorado de valenciano ni de la etapa de Bachillerato acreditar ningún conocimiento lingüístico», resaltan.
Para este sindicato, además, fijar como nota un 7 es «puramente aleatorio y no está justificado». Llaman la atención sobre el hecho de que en la asignatura de valenciano no solo se evalúan las competencias lingüísticas y hay otras etapas donde sí que se acreditan los niveles de lenguas, como son las Escuelas Oficiales de Idiomas o los centros de formación de personas adultas.
Fuente: (EUROPA PRESS)
