Unidas Podemos (UP) ha presentado este miércoles dos escritos en el Tribunal Constitucional (TC) donde se suma al recurso de súplica del Senado, con el que se busca levantar la suspensión del debate y la votación en esta sede legislativa sobre las dos enmiendas para renovar el propio TC, al tiempo que ha pedido apartar al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez del estudio de la impugnación realizada por la Cámara Alta.
La formación ‘morada’ insta a la abstención de ambos magistrados y, en el caso de que no se aparten voluntariamente, formula recusación contra ellos pidiendo expresamente que esta cuestión se resuelva antes de abordar el recurso del Senado.
También reclama que González-Trevijano y Narváez no participen «en la sesión en la que se decida sobre la admisión o desestimación» del incidente de recusación.
UP reitera que ambos magistrados tienen un «interés directo» en mantener la suspensión cautelarísima de la tramitación parlamentaria de ambas enmiendas porque, de aprobarse, serían inmediatamente sustituidos por los dos candidatos al TC que el Gobierno nombró el pasado 29 de noviembre: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.
«De este modo, la entrada en vigor de la norma actualmente en tramitación parlamentaria (…) supondría una directa y trascendente afectación de la esfera personal, patrimonial y profesional de los magistrados» recusados, sostiene Unidas Podemos.
DOS PRECEDENTES Los ‘morados’ señalan dos precedentes en el propio TC para reforzar su argumento. Así, recuerdan que en 2007 los entonces presidenta y vicepresidente del tribunal, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, se abstuvieron cuando la corte de garantías tuvo que estudiar un artículo que les mantenía en sus respectivos puestos.
«No es posible negar que la suerte del proceso podría tener incidencia directa e inmediata en su singular y exclusiva situación, existiendo así datos objetivos que podrían ser percibidos por la sociedad, según señalan los magistrados abstenidos como fundamento de su abstención, como una ‘apariencia de pérdida de imparcialidad'», expuso entonces el TC.
UP menciona un segundo precedente, cuando en 2020 los magistrados Juan Antonio Xiol y Alfredo Montoya se abstuvieron «como consecuencia de la posible afectación patrimonial que les pudiera causar la decisión a adoptar en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía)». «Afectación muchísimo menor de la que se pone sobre la mesa en el presente escrito y que, sin embargo, la Sala entendió suficiente», enfatiza Podemos.
La formación liderada por Ione Belarra cita además abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para concluir que, según la corte de Estrasburgo, «las apariencias tienen su importancia por la confianza que los Tribunales deben inspirar en la sociedad en general».
El partido asegura que las recusaciones no obedecen a «un afán de alterar caprichosamente la composición del tribunal, sino de hacer cumplir la ley y nuestra jurisprudencia y proteger a este Tribunal Constitucional del descrédito ante nuestra sociedad, y en el ámbito internacional, que supone la resolución de esta causa por quienes adolecen de una palmaria perdida de apariencia de imparcialidad».
CAMBIO DE MAYORÍAS EN EL TRIBUNAL Sin embargo, de admitirse la petición de los ‘morados’, sí cambiaría el equilibrio de fuerzas en el Constitucional. Actualmente, hay una mayoría conservadora de 6 magistrados, en la que se integran González-Trevijano y Narváez, y una minoría progresista de 5, por lo que, de ser apartados, estos últimos podrían imponerse a los primeros.
Cabe recordar que durante el Pleno extraordinario –de más de 9 horas– celebrado el pasado lunes, el Constitucional acordó por 6 votos frente a 5 aceptar las medidas cauatelarísimas instadas por el PP en su recurso de amparo contra las enmiendas –incluidas en la proposición de ley que deroga el delito de sedición– por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Entonces, UP planteó igualmente la recusación de González-Trevijano y Narváez, pero el Constitucional –por esa misma mayoría– resolvió que no era el momento procesal oportuno para tratarlas y pospuso el debate sobre el fondo de este asunto.
Podemos recalca ahora que «la relación jurídico procesal ya está correctamente conformada y, en definitiva, también lo está a los efectos de formular las alegaciones pertinentes», entre ellas las recusaciones.
VE IMPROCEDENTE LA «INTERFERENCIA» DEL TC Al margen, Unidas Podemos defiende que la suspensión de la tramitación de la iniciativa parlamentaria «supone una perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, así como del derecho de participar en la iniciativa legislativa de los restantes diputados y, en esta sede, de todas las senadoras y senadores».
Los ‘morados’ consideran «evidente» la «improcedencia de una interferencia» mediante recursos de amparo en un procedimiento legislativo aún no concluido, a la vista de que en las fases pendientes en el Senado «podría corregirse cualquier supuesto déficit de constitucionalidad de la norma».
Unidas Podemos asegura que la «pretensión» de «extender artificiosamente» del Congreso al Senado la petición para suspender de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria «desnaturaliza la pretensión en amparo». De ahí que, a su juicio, dicha «pretensión» deba ser «rechazada de plano».
Así las cosas, el partido ha incidido en que la medida cautelarísima, «lejos de respetar los límites que la ley impone al Tribunal Constitucional, acaba pulverizando los derechos fundamentales de una amplia mayoría de diputados y senadores».
La formación muestra su oposición a la medida cautelarísima acordada el pasado lunes. Insiste en que esta supone «de facto» un amparo «anticipado» cuando la proposición de ley –y las enmiendas que se recurren– está en una fase de «cognición limitada».
ACUSA AL PP DE SER «HARTO INCONGRUENTE»
Al margen, los firmantes consideran que es «harto incongruente» que el PP no haya incluido en su recurso de amparo las enmiendas 55, 56, 58, 59 y 60, relativas a la modificación de determinadas disposiciones normativas, incluyendo la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tenían como objeto, entre otras cuestiones, la declaración de plazos inhábiles procesales durante Navidad.
En este sentido, Unidas Podemos indica que lo que pretende el PP con su recurso y la petición de medidas cautelarísimas es «burlar la doctrina del propio Tribunal Constitucional a tenor de la cual la suspensión de la ley estatal recurrida en modo alguno puede ser acordada».
Al hilo, asegura que los ‘populares’ quieren conseguir «aquello que el legislador quiso prevenir al derogar el recurso previo de inconstitucionalidad, esto es, la indeseada intervención en el procedimiento de formación legislativa aun antes de que la voluntad parlamentaria se haya configurado definitivamente».
Fuente: (EUROPA PRESS)
