El Congreso de los Diputados se ha adherido al recurso de súplica presentado este miércoles por el Senado, donde se pide al Tribunal Constitucional (TC) que levante la suspensión cautelar de la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas que buscan renovar el propio TC, advirtiendo a la corte de garantías de que con dicha paralización se ha producido «la mayor de las perturbaciones posibles». «Las Cortes Generales son inviolables», ha zanjado la Cámara Baja.
Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, el Congreso ha recordado que, conforme a la ley que rige el TC, esta medida cautelarísima «debe ser ponderada», no siendo posible adoptarla «si ocasiona una perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, a los derechos fundamentales o a las libertades de otra persona».
«En este caso, la suspensión ha ocasionado la mayor de las perturbaciones posibles que se puedan imaginar, no solo a un ‘interés constitucionalmente protegido’, sino todavía más grave, a una función del Estado, como es la función legislativa otorgada en exclusiva a las Cortes Generales», ha defendido la Cámara Baja.
En este sentido, ha recordado que, de acuerdo con al artículo 66.3 de la Constitución, «las Cortes Generales son inviolables». «Lo que ha de entenderse que se extiende al modo en que desarrollan sus funciones constitucionales», ha anudado.
El Congreso ha razonado que esta perturbación se debe a que la suspensión «ha afectado a una tramitación en curso –y aún no finalizada– de una ley, eliminándose una parte de un texto que fue aprobado legítimamente por la Comisión de Justicia y el Pleno del Congreso».
Además, ha sostenido que «las consecuencias de tal perturbación se pueden calificar de ‘graves'» porque «la medida cautelar viene a tener el efecto de que se modifica por el TC el texto aprobado por el Congreso, como si se tratara de una enmienda de supresión», y «se impide que el Senado pueda pronunciarse sobre lo realmente aprobado», de modo que «ahora es del todo imposible que se puedan presentar, debatir y votar» dichas enmiendas.
VULNERACIÓN DE LA SEPARACIÓN DE PODERES La Cámara Baja también ha hecho hincapié en que «el procedimiento legislativo tiene una configuración especialísima, de naturaleza constitucional, formando parte su regulación del denominado bloque de constitucionalidad, habiendo querido el constituyente que sean las propias cámaras quienes decidan las reglas por las que ellas mismas quieren regirse».
«Todo ello tiene una finalidad clara: proteger la tramitación legislativa de injerencias externas, garantizar que la cámara, de principio a fin, pueda desarrollar su procedimiento de aprobar las leyes con plena autonomía», ha subrayado.
Por eso, ha denunciado que «la medida cautelar adoptada ha supuesto una vulneración del principio de separación de poderes que, aunque no viene expresamente recogido en nuestro texto constitucional, subyace en él y rige el funcionamiento y las relaciones entre todos los poderes del Estado».
Asimismo, ha calificado de «incongruente» que los recurrentes (el PP) «solo consideren vulnerados sus derechos por la tramitación de estas enmiendas 61 y 62 y, en cambio, no hayan recurrido otras enmiendas que aparecen incorporadas al texto aprobado por el Pleno del Congreso».
A este respecto, ha destacado que «en la ponencia se hizo constar que eran heterogéneas» una decena de enmiendas, de las cuales se introdujeron en ponencia siete, mientras que tres se mantuvieron hasta el Pleno» del Congreso.
Fuente: (EUROPA PRESS)
