El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha emitido un informe favorable, con el voto en contra del consejero Javier Díes, del VII Plan General de Residuos Radiactivos, que contempla construir siete almacenes temporales descentralizados (ATD) para albergar los residuos nucleares de alta actividad y posteriormente un almacén geológico profundo que estará operativo en 2073, lo que deja fuera la opción de centralizarlos en un solo almacén temporal (ATC) como el que estaba previsto en Villar de Cañas (Cuenca).
El informe, que es preceptivo pero no vinculante, ha sido remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que deberá elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva una vez haya escuchado a las comunidades autónomas.
El regulador da así el visto bueno, no sin discrepancias internas, expresadas por el consejero Díes en un voto particular, a construir los ATD en los propios emplazamientos donde se ubican las centrales nucleares y que guardarán tanto el combustible gastado en ellas como los residuos de alta actividad hasta que sean trasladados definitivamente al AGP (Almacén Geológico Profundo).
El informe emitido se centra en la seguridad nuclear y la protección radiológica de estos residuos que en la actualidad están recogidos en almacenes temporales individuales (ATI) en los próximos emplazamientos.
El séptimo plan propone crear o adaptar estos ATIS para convertirlos en ATD con un proceso previo de licenciamiento que cada titular de explotación deberá solicitar en su momento al Gobierno y que, a su vez, deberá ser informado preceptivamente por el organismo regulador.
Ahora, este Séptimo Plan General habrá de ser aprobado por el Consejo de Ministros una vez oídas las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.
Sin embargo, este informe ha contado con el voto particular del consejero del CSN Javier Díes. El texto del mismo no ha sido registrado aún en el organismo regulador pero según fuentes del CSN estaría en la misma línea argumental de otro voto particular emitido sobre esta misma cuestión hace poco más de un mes y que está recogido en el acta del pleno del 16 de noviembre.
Ese voto, al que tuvo acceso Europa Press, defendía que entre las opciones que se barajaban, la tercera –que apostaba por retomar el almacén temporal centralizado de Villar de Cañas (Cuenca)– era más conveniente por ser más segura que siete emplazamientos con residuos nucleares repartidos por toda España.
Esa apuesta es la misma que acordaron por unanimidad los miembros de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados en 2004 en un proceso que se inició en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que concluyó en los primeros meses del Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2011 con la elección de Villar de Cañas entre los candidatos aspirantes.
Díes argumenta que el ATC estaba diseñado para soportar un «terremotazo» y el impacto de un «avionazo» y defiende que su diseño es más robusto y seguro que los siete ‘atis’ adaptados, una vez desmantelada la central en una proporción de unas 20 veces más que la opción aprobada este miércoles en el pleno del CSN.
El consejero destacaba en su reciente voto particular que el ATC de Cuenca preveía dos celdas calientes para facilitar la recuperabilidad de combustible.
Además, recordaba que los trabajos iniciales para su construcción ya habían comenzado después de haber empleado ENRESA más de un millón de horas de trabajo y 47.000 horas más del CSN así como tras gastar unos 300 millones de euros pagados por los contribuyentes en su factura de la luz y que ahora se tirarían «a la basura».
Más allá de estas cifras, Díes consideraba en su voto particular que abandonar el ATC en Villar de Cañas habría generado unas 9.500 toneladas de material contaminado con radiactividad «innecesariamente», por los contenedores que se están utilizando.
El proyecto quedó suspendido en el verano de 2018 por orden del Ministerio para la Transición Ecológica, recién asumido en ese momento por la vicepresidenta Teresa Ribera.
En definitiva, en su voto particular de noviembre el consejero Díes manifestaba su opinión de que contar con una política estable en materia de combustible irradiado mantenida desde 2004 sería «un objetivo muy importante a mantener» y, por el contrario, seguir «dando bandazos» en este asunto «hace daño a la seguridad nuclear como tal» y «dificulta las tareas del CSN».
Por ello, el voto de Díes insta a Enresa a que a la mayor brevedad posible continúe el proyecto de ATC en Villar de Cañas iniciado en 2004 y en el que se han trabajado 14 años y que cuenta con el respaldo del municipio.
OTROS ASUNTOS Por otro lado, en el pleno de este miércoles, el CSN también ha emitido un informe favorable para modificar tres instalaciones radiactivas que forman parte del Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología (INVEAT) en el Sistema Nacional de Salud.
En concreto se trata de incorporaciones, renovaciones o sustituciones de equipos destinados a la oncología radioterápica en el Hospital Universitario de Gran Canaria, el Hospital Lozano Blesa de Zaragoza y el consorcio del Hospital General de Valencia.
Asimismo, ha dado luz verde a la firma de un convenio –que estará vigente hasta el 16 de abril de 2023– entre el CSN y la Universidad del País Vasco para la participación de esta universidad en el programa internacional ‘Radiation Protection Computer Code Analysis and Maintenance Program (RAMP)’ de la US Nuclear Regulatory Commission de Estados Unidos, en el que el CSN ya participa a través de un convenio suscrito en 2020 con el regulador americano.
En otro punto del orden del día, el pleno ha sido informado de la resolución definitiva de las subvenciones para quince proyectos de I+D+i por un importe de 1.324.512,23 euros destinados a instituciones, centros de investigación y universidades para el desarrollo de programas relacionados con las funciones del CSN.
Por otro lado, el pleno ha informado a favor de la solicitud de cambio de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) presentada por el titular de la central nuclear Cofrentes (Valencia) dirigida a garantizar la función de seguridad de la contención. Se trata de una modificación del estándar de ETFM aplicable a este diseño de central BWR, que ya ha sido adoptado por el resto de centrales de diseño similar a Cofrentes y aceptado por la Nuclear Regulatory Commission’ de Estados Unidos, que tiene funciones reguladoras similares a las del CSN.
Finalmente, el regulador ha apreciado de manera favorable la solicitud presentada por el titular de la central nuclear Ascó (Tarragona) para ampliar hasta el 30 de marzo de 2023 el plazo de cumplimiento del primer apartado de acciones que el CSN había requerido en el comunicado de apercibimiento que transmitió al titular en septiembre de 2022, como consecuencia de un incumplimiento de las Instrucciones del Consejo relacionadas con la gestión de los residuos radiactivos de baja y media actividad (IS-21 e IS-31). Esta apreciación favorable para extender el plazo ha contado con un voto particular del consejero Francisco Castejón.
Fuente: (EUROPA PRESS)
