El Pleno del Senado votará este miércoles la futura Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible que prevé destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte de 2030, con la única incógnita de si finalmente el PP dará su respaldo al texto.
El Gobierno ha reclamado en todo momento un amplio consenso en torno a esta norma, que viene a tomar el relevo a la Ley de Cooperación Internacional de 1998, esgrimiendo que es resultado de un proceso inclusivo en el que ha intentado escuchar a todas las partes e incorporar un gran número de las enmiendas planteadas.
Con todo, el PP no ha despejado antes del Pleno si dará su apoyo. Durante el debate la semana pasada en la Comisión de Cooperación Internacional, los ‘populares’ se abstuvieron, justificando su decisión en su interés en mejorar aún el texto y que este pueda durar otros 25 años y suscitar el consenso de la ley anterior, adoptada bajo Gobierno del PP y con respaldo del PSOE.
Ya en la votación en el Congreso el pasado 24 de noviembre el PP también se había abstenido. Entonces, la futura ley salió refrendada con 201 votos a favor –los de PSOE, Podemos y sus socios de legislatura–, 52 en contra –los de Vox además de Pablo Cambronero– y 92 abstenciones. Además del PP, también se abstuvieron Junts y tres diputados del Grupo Mixto.
ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE VOX No obstante, antes de que se pueda debatir el dictamen de la ponencia aprobada en Comisión, al que se incorporaron algunas modificaciones con respecto al texto remitido por el Congreso –lo que exigirá su vuelta a la Cámara Baja–, el Pleno deberá debatir primero la enmienda a la totalidad formulada por Vox.
Los de Santiago Abascal también presentaron una enmienda a la totalidad que fue rechazada por el Pleno del Congreso. Su planteamiento tampoco tiene visos de prosperar en la Cámara Alta, ya que en la Comisión de Cooperación Internacional todos los grupos votaron en contra.
Dado que la comisión apenas incorporó al texto remitido por el Congreso un puñado de enmiendas, todos los grupos han mantenido vivas las presentadas, las cuales deberán ser debatidas ahora en el Pleno, salvo que se lleguen a acuerdos transaccionales o las hagan decaer.
Entre ellas figura la planteada por el PP de introducir la exigencia de que la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional elabore anualmente un informe «sobre la vigencia y evolución» de los valores recogidos en la Constitución y también promovidos por la UE y la ONU «en cada uno de los países destinatarios de la ayuda oficial al desarrollo», con vistas a que se tenga en cuenta «para la fijación de prioridades en los sucesivos planes directores».
También la formulada por Ciudadanos de que se destine al menos el 15% de la ayuda oficial al desarrollo a acción humanitaria, en lugar del 10% previsto en el texto, una propuesta que ya se rechazó en la Cámara Baja. Además, los ‘naranjas’ quieren que sea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y no la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional la responsable de la evaluación de la política de cooperación para el desarrollo.
Por otra parte, desde ERC, Junts y Más Madrid han planteado, aunque de forma separada, que la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global reciba «un mínimo del 3%» del total de la ayuda oficial al desarrollo.
Fuente: (EUROPA PRESS)
