El Consejo de Ministros ha dado ‘luz verde’ este martes al real decreto por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, que hasta ahora no tenían una normativa nacional que regulase su ordenación sectorial, como sí tenían otros sectores como el porcino o el aviar.
En concreto, esta nueva norma permitirá establecer las bases para el desarrollo ordenado de la actividad del sector bovino en los próximos años, integrando los principales retos a los que se enfrenta en materia de bienestar animal, de bioseguridad y medioambiental, y apostando por un modelo de ganadería familiar.
De esta forma, en este decreto se establece una diferenciación entre los requisitos para las granjas de nueva instalación y las ya existentes. Así, éstas últimas dispondrán de un período transitorio para el cumplimiento de determinados requisitos cuando ello sea necesario, así como de diferencias derivadas de su aptitud productiva.
El decreto clasifica las granjas en diferentes categorías en función de su tamaño, al objeto de modular las exigencias en los distintos ámbitos de actuación de la norma.
Agricultura ha señalado que el objetivo es que el grueso de las granjas ya existentes de carácter familiar no vea comprometida su competitividad en términos de costes adicionales.
Con el objetivo de conseguir un desarrollo armónico y ordenado del sector, basado en la sostenibilidad en todas sus acepciones y el mantenimiento del tejido productivo en el medio rural, evitando la deslocalización, se establece una capacidad máxima para las granjas de nueva instalación establecida en 850 unidades de ganado (el equivalente a unas 725 vacas de leche, por ejemplo).
El sector bovino ocupa la segunda posición por detrás del sector porcino en cuanto a importancia económica de las producciones ganaderas. La producción de leche y carne de vacuno representa más del 30% de la producción final ganadera en España.
La evolución del sector en los últimos años, su importante componente social y su elevada profesionalización e internacionalización, unidos a los nuevos retos en materia medioambiental, de bioseguridad y de bienestar animal, han hecho necesario el desarrollo de una normativa básica estatal que reúna todos estos aspectos. Además, los retos planteados en el marco de la nueva Política Agraria Común 2023-2027, y los desafíos del Pacto Verde y de las estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad de la Unión Europea, justifican la necesidad de esta normativa.
El Departamento que lidera Luis Planas ha señalado que la elaboración de esta ordenación se ha abordado en «estrecha colaboración» tanto con el sector, como con las comunidades autónomas y la sociedad civil en su conjunto.
Fuente: (EUROPA PRESS)
