El Gobierno ha acordado este martes interponer dos recursos de inconstitucionalidad contra determinados preceptos del decreto del Ejecutivo de Aragón por el que se adoptan medidas en la contratación pública, y del decreto de la Junta de Andalucía de medidas urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras.
Según defiende Moncloa, estas dos normas tienen por objeto extender la aplicación de la revisión excepcional prevista en el decreto del Gobierno de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, a otros contratos y a otros supuestos no contemplados en el mismo, ya que la normativa estatal solo permitía «únicamente en los supuestos que se contemplan en este Real Decreto-ley», una revisión excepcional de los precios de los contratos de obras del sector público, con la posibilidad de que las comunidades autónomas aplicaran la medida sí así lo acordaban.
De este modo, se invoca el artículo 161.2 de la Constitución en ambos recursos a fin de obtener la suspensión de los preceptos impugnados, considerando también que no solo se plantea una lesión competencial sino el riesgo de infringir el derecho de la UE.
En el caso de Aragón, los preceptos que se impugnan extienden la revisión de precios, que la normativa básica únicamente admite para los contratos de obras, a los contratos mixtos, en la parte relativa a la obra, y a los contratos de servicios y suministros necesarios para la ejecución de obra pública. Además, amplía el periodo que se tendrá en cuenta para determinar los contratos a los que se aplica dicha revisión de precios, y extiende su aplicación a supuestos de incremento del coste de materiales, que no están contemplados en el decreto del Gobierno.
Fuente: (EUROPA PRESS)
