La jornada de paro de 24 horas convocada el Comité Cívico Pro Santa Cruz en rechazo a la detención del gobernador Luis Fernando Camacho se ha saldado con violencia por parte de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), con destrozos y la quema de edificios públicas y vehículos.
Por más de siete horas, grupos de choque de la UJC ha intentado tomar el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz. Armados con palos, piedras y petardos han arremetido contra los efectivos policiales sin lograr su objetivo, según ha informado la agencia ABI.
Los protestantes habrían montado barricadas con neumáticos y habrían lanzado objetos metálicos y piedras, hiriendo a algunos efectivos policiales.
Anteriormente, se había registrado la toma y el ataque de al menos diez edificios del Estado, llegándose incluso a tomar como rehén a un funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), quien fue puesto en libertad horas más tarde con evidentes signos de violencia en su cuerpo, según la citada agencia.
En tanto, el Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, ha defendido el fin de los enfrentamientos en la ciudad de Santa Cruz, pidiendo convivencia pacífica entre las y los bolivianos.
«Los hechos violentos suscitados en los últimos días en la ciudad de Santa Cruz crean un escenario de vulneración de Derechos Humanos. Es necesario que prime la tolerancia y convivencia pacífica entre las y los bolivianos», ha manifestado Callisaya en un mensaje en la red social Twitter.
Luis Fernando Camacho es una de las principales figuras de la oposición al presidente de Bolivia, Luis Arce, además de gobernador de Santa Cruz, la región más rica del país e históricamente opositora a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), escenario en el último mes de nuevas protestas y bloqueos, en esta ocasión para oponerse a la ley del censo del Gobierno.
Su arresto está motivado por su papel en las violentas manifestaciones y protestas que se produjeron después de que la oposición, apoyada por las Fuerzas Armadas, presionara a Morales a renunciar a su triunfo en las elecciones de octubre de 2019, cuyos resultados fueron cuestionados también por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Después de su detención, se han registrado protestas en Santa Cruz, llegando incluso a bloqueos en carreteras y aeropuertos. Asimismo, otros representantes de la oposición han exigido su liberación, advirtiendo al mismo tiempo al Gobierno de que no van a «claudicar» y que seguirán luchando «hasta las últimas consecuencias».
Fuente: (EUROPA PRESS)
