La Audiencia Provincial de Madrid empieza 2023 pendiente de ‘El Pequeño Nicolás’ y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El primero se sentará en el banquillo a principios de febrero, esta vez acusado de haber tenido acceso a «información confidencial» de la Policía; el segundo acudirá como testigo el próximo 31 de enero a un juicio sobre escuchas telefónicas en la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta.
El joven y el comisario ya tienen fecha de juicio prevista. No ocurre lo mismo con el exministro de Economía Rodrigo Rato –pendiente de la vista sobre el origen de su patrimonio– o el empresario Javier López Madrid –a la espera del juicio por presuntas amenazas a la doctora Elisa Pinto–.
CASO TRADUCTORES Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press confirman que el primero de los juicios en la Audiencia de Madrid a celebrarse este año tendrá lugar los días 31 de enero, 1, 2 y 3 de febrero.
Villarejo tendrá que acudir en calidad de testigo en una causa que se centra en Alí Shan e Ijaz Ahmad, quienes fueron contratados por la Dirección General de la Policía para participar en la investigación que realizaba la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta para traducir conversaciones telefónicas interceptadas en el marco de una pesquisa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada (Madrid).
El empresario Harischandra Tarachand Varma, uno de los investigados en dicho procedimiento y a quien se le habían intervenido varias conversaciones, denunció en abril de 2014 ante Asuntos Internos que los traductores le habían extorsionando.
De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, le ofrecieron datos de la causa a cambio de un pago inicial de 10.000 euros que iría aumentando y le amenazaron con «influir en su contra» si no accedía.
CASO MAFIA POLICIAL El segundo de los juicios tendrá lugar del 6 al 13 de febrero. Se acusa a ‘El Pequeño Nicolás’ de haber accedido «en varias ocasiones» a «información de carácter confidencial perteneciente al Ministerio del Interior que obraba en las bases de datos policiales». Será el quinto juicio al que se enfrente el joven, que ya ha sido condenado en otras tres causas y absuelto en una.
La Fiscalía pide para él nueve años y nueve meses de prisión por integración en grupo criminal, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos como inductor y un delito de cohecho activo. En este procedimiento no participará la Abogacía del Estado, que decidió apartarse.
Esos días también se sentarán en el banquillo de los acusados el que fuera coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García-Grande, el guardia civil Francisco Javier Sánchez López, los policías municipales Jorge González Hormigos y Felipe Gallego Santos, y el empleado municipal José Luis González Cervera.
Según la investigación, el ‘modus operandi’ «siempre fue el mismo»: Gómez Iglesias facilitaba a uno o varios de los investigados placas de matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación. «Acto seguido, éstos, aprovechando su condición de agentes del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid procedían a extraer de dichas bases la información requerida y se la facilitaban a Francisco Nicolás a cambio de promesas y remuneraciones económicas», señaló el juez cuando le procesó.
CASO DE LA DOCTORA PINTO Al margen, Villarejo está pendiente de que la Audiencia de Madrid fije fecha para el juicio en el que la Fiscalía le pide una pena de 13 años y dos meses de cárcel por las supuestas amenazas y coacciones que de forma «reiterada» e «insistente» hicieron a la doctora Elisa Pinto para que no denunciara al empresario Javier López Madrid, que también se sentará en el banquillo de los acusados.
El Ministerio Público, además, solicita a ambos una indemnización de 6.000 euros para Pinto por daños morales, más 1.150 euros por las lesiones. Además, reclama que se le prohíba a Villarejo y a López Madrid acercarse a Pinto, al lugar de trabajo o a todos los lugares que frecuente la doctora durante 9 años y 10 meses.
Fue el pasado octubre cuando la titular del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid acordó enviar a juicio al empresario y al comisario jubilado por presuntos delitos de acoso, amenazas y lesiones con instrumento peligroso en el caso de la doctora Elisa Pinto.
EL PATRIMONIO DE RATO Además, está pendiente de que la Audiencia de Madrid fije fecha para el juicio contra el exministro de Economía Rodrigo Rato por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.
Según el resultado de la investigación, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para el exministro de Economía por defraudar más de 8 millones de euros.
Fuente: (EUROPA PRESS)
