La Audiencia Nacional (AN) juzga desde este martes a dos acusados de delitos de estafa y administración desleal por simular la venta de la práctica totalidad del stock de los productos ofertados por su empresa, consistentes principalmente en cajas fuertes, cerraduras y mini bares para hoteles.
En su escrito de conclusiones provisionales, recogido por Europa Press, la Fiscalía solicita para José María P.C. y Luis B.G. respectivamente una pena de prisión de seis años por el delito de estafa y otros seis años de cárcel por el de administración desleal. Además, el Ministerio Público pide que ambos indemnicen de forma conjunta a las entidades perjudicadas.
El Ministerio Fiscal pone el foco en la sociedad Safe Security Rent, una compañía constituida en México en 2003 y cuyo capital fue suscrito en un 100% por la sociedad española Casavilla S.L.. Su objeto social, explica Fiscalía, era la comercialización e instalación de cajas fuertes, cajas de alta seguridad, cerraduras y minibares en establecimientos hoteleros y la asistencia técnica y servicio de postventa de estos productos.
Estos productos eran fabricados en España mayoritariamente por la compañía BTV, una sociedad española dedicada a la fabricación y comercialización de cajas fuertes. Por su parte, la sociedad Omnitec Systems S.L. fue constituida en España para distribuir a su vez los citados productos. Las participaciones sociales de esta última fueron suscritas mayoritariamente por el acusado José María P.C., que consta como administrador de la misma.
Este mismo disponía además del poder general de administración de Safe Security Rent –la compañía mexicana– desde 2008, cuando el entonces administrador le concedió esta potestad. Unos años más tarde, en 2013, el otro acusado, Luis B.G., fue nombrado gerente de la misma, disponiendo de poderes de gestión y administración que incluían la apertura de cuentas bancarias y la autorización de compraventa de bienes y servicio, a fin de que pudiera gestionar la compañía en el país centroamericano de forma autónoma.
EN BENEFICIO PROPIO Según la Fiscalía, ambos acusados se concertaron para apartar a la sociedad Safe Security Rent del negocio que desarrollaba en México en beneficio propio. «Para ello simularon la venta de la práctica totalidad del stock de los productos de la actividad empresarial –consistentes principalmente en cajas fuertes, cerraduras y mini bares para hoteles– depositados en sus almacenes de México, para que finalmente fuesen adquiridos por la filial creada ad hoc», relata.
La venta se habría formalizado en marzo de 2017 a favor de un tercero, un intermediario en la operación y ajeno al objeto de la actividad empresarial de la sociedad mexicana. El precio de venta hecho constar en la factura fue de 297.315,44 dólares, mientras que el valor de mercado de los productos era de 595.845,76 dólares.
Así las cosas, ese tercero revendió a la filial creada ad hoc los productos adquiridos por el mismo importe. La diferencia de valor, según apunta el Ministerio Fiscal en su escrito, fue de 298.530,32 dólares.
Posteriormente, concluye el escrito, los acusados incorporaron a la mayor parte de la plantilla de la sociedad mexicana a la filial y comenzaron a realizar la misma actividad que venía desarrollando Safe Security Rent a través de esta nueva sociedad.
Fuente: (EUROPA PRESS)
