Unidas Podemos ha registrado una pregunta parlamentaria al Gobierno sobre si piensa trasladar su «malestar» y «preocupación» a la Casa Real tras el discurso del Rey Felipe VI en la pasada Pascua militar destacando la inversión en defensa, al subrayar que esa intervención fue de «contenido político».
Además, el socio minoritario de la coalición reclama al Ejecutivo que aclare si dicha intervención contó con su refrendo, como exige el artículo 64 de la Constitución.
La iniciativa parlamentaria ha sido impulsada por el presidente del grupo confederal, Jaume Asens, quien ya fue muy crítico con el monarca al que reprochó que no fuera neutral y se situara «fuera de la Constitución» con ese discurso.
«Las declaraciones del Rey sobre el aumento del gasto militar fueron impropias de un cargo al que se le presume neutralidad. Hemos registrado estas preguntas al Gobierno para saber si, como parece, Felipe VI vulneró el artículo 64 de la Constitución», ha escrito en su perfil de Twitter tras registrar las preguntas.
Fue el pasado viernes cuando el Rey condenó la «injustificable, ilegal y brutal» invasión rusa de Ucrania, que cree que «hizo evidente» la importancia de invertir en defensa y mejorar las capacidades y medios con los que cuentan las Fuerzas Armadas.
Y al respecto señaló el aumento de las inversiones en los Presupuestos de 2023 y apuntó que ahora el «reto» es adquirir los medios y dotar a las unidades militares con lo necesario para lograr una fuerza «aún más moderna, eficaz, viable y sostenible a medio y largo plazo».
SUS PALABRAS «NO SON ACEPTABLES NI JUSTIFICABLES»
En la exposición de motivos de la iniciativa, Asens argumenta que las afirmaciones de Felipe VI a favor de incorporar más medios militares son de «calado» y denotan un «contenido político» que «va más allá de las declaraciones meramente institucionales de apoyo a las Fuerzas Armadas».
De esta forma, el también dirigente de En Comú Podem opina que el Rey se alinea «con unas determinadas tesis en torno a las intervenciones militares que gran parte de los representantes políticos, de los grupos parlamentarios, y de la ciudadanía en general pueden no compartir, quebrantando así su obligación de neutralidad en su calidad de árbitro y moderador de las instituciones tal y como dispone el artículo 56 de la Constitución».
«Las manifestaciones públicas, de uno u otro sentido, sobre decisiones claramente políticas como lo son su apoyo a la configuración de partidas concretas o propuestas de inversión, que fueron aprobadas fruto de la negociaciones, el trabajo en comisión y la votación parlamentaria, no son justificables ni aceptables por parte de una figura que debe mantener su neutralidad política, ni deberían producirse en el futuro», ha zanjado.
Fuente: (EUROPA PRESS)
