El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, cree que los condenados por el ‘caso De Miguel», de trama de corrupción en Álava, devolverán al Gobierno Vasco el dinero defraudado tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado las principales condenas, y ha afirmado que, de no ser así, pedirán medidas para que el pago se realice.
Además, ha asegurado que «no faltan mecanismos de control, ni internos ni externos», para evitar el ‘amiguismo’ en las contrataciones públicas, después de que, tras la sentencia del TS, que ha condenado a varios exdirigentes del PNV alavés por corrupción, partidos de la oposición hayan acusado a los jeltzales de una práctica generalizada de «contrataciones a dedo».
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha señalado que el Gobierno vasco «ha actuado en todo momento desde que se inició la investigación» del caso, y la Ertzaintza, como Policía Judicial, realizó las primeras detenciones.
También ha recordado que durante el proceso el Ejecutivo se personó «para defender sus intereses», puesto que «se había causado un daño a su patrimonio». «Ahora pediremos que se nos devuelva ese dinero, los condenados tienen que responder de manera solidaria. En la sentencia ya se recoge ese daño que se hizo al Gobierno Vasco, ahora se tiene que ejecutar y aplicar. Si no se cumple, el Gobierno tendrá que pedir medidas», ha añadido.
CONTROL EN LAS CONTRATACIONES Josu Erkoreka ha respondido a las acusaciones por parte de los partidos de la oposición de «amiguismo» en las contrataciones de las administraciones públicas, para recordar que «hay una legislación muy estricta que impone muchas condiciones» para hacer estos contratos. «Hay una legislación europea muy estricta que hay que respetar y son más las trabas que las facilidades para adjudicar un contrato», ha subrayado.
El consejero ha destacado que hay una oficina de control económico que, en cada caso, redacta su informe e impone un control, y establece cuándo una contratación se tramita bien y cuándo no. También ha explicado que, una vez que se realiza la contratación, existe un órgano de recursos contractuales, tal como establece la legislación Europea y, a partir de ahí, «cualquiera puede plantear un recurso ante cualquier contratación».
Por último, ha indicado que también el Tribunal de Cuentas estatal puede decidir si hay algo que no está correcto. «No faltan mecanismos de control, ni internos ni externos», ha asegurado.
Fuente: (EUROPA PRESS)
