La Junta de Castilla y León ha asegurado que no descarta implementar «acciones judiciales» ante los requerimientos del Gobierno central a una Comunidad Autónoma, que los califica de «vulneradores de su autonomía y sus competencias», y advierte que velará «por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias».
En un comunicado, el Gobierno autonómico ha recordado que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre «sobre tres premisas». «En primer lugar, el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios».
En este sentido, el Ejecutivo autonómico «garantizará la libertad y voluntariedad» para las mujeres embarazadas que lo requieran y, «por supuesto», se asegurará la aplicación bajo el «estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas», como recuerda, ya explicó el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a la ministra Carolina Darias a través de una carta enviada el pasado viernes.
«Castilla y León ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo», incide, por lo que lamenta «la falta de diálogo» del Gobierno de España con esta comunidad «leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley».
Al hilo de estas palabras, la Junta advierte de que utilizará «todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente». «La Junta velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias», ha ahondado.
Ante esta situación, el Gobierno autonómico señala que «estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de sanidad que corresponden a la Comunidad».
Por este motivo, la Consejería de Sanidad enviará mañana la adecuada contestación al Ministerio de Sanidad y, en su caso, efectuará el oportuno requerimiento oficial donde solicitará al Gobierno de España «abstenerse» de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma «vulneradores de su autonomía y sus competencias», recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, «al simple amparo de noticias en medios de comunicación». «Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia», apostilla.
Además, ha recordado que la Comunidad tiene «plena autonomía» para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca «mejoras» en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas «y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario».
También ha hecho hincapié en que las obligaciones de colaboración interadministrativa «están establecidas normativamente y se efectúan adecuadamente a través de los órganos sectoriales de coordinación establecidos, por lo que ninguna obligación específica existe de que esta Comunidad, en el legítimo ejercicio de sus competencias, comunique de manera inmediata a los Ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias».
«En caso de que con esta comunicación y, en su caso, el requerimiento que mañana pueda efectuarse, no sea atendido íntegra e inmediatamente por el Gobierno de España, la Junta no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico», añade.
Además, la Junta estudiará si es necesario ejercer «otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma».
Fuente: (EUROPA PRESS)
