El juez de la Audiencia Nacional que indaga en la presunta participación de la cúpula de la organización terrorista ETA en el asesinato el 23 de enero de 1995 en San Sebastián del concejal del Partido Popular Gregorio Ordóñez ha pedido a las partes que se pronuncien sobre la posibilidad de prorrogar la investigación antes de tomar una decisión al respecto.
En una providencia del pasado jueves, recogida por Europa Press, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, insta a las acusaciones y las defensas a que den su opinión sobre este extremo después de que la viuda y el hijo de Ordóñez le solicitasen el pasado mes de diciembre que alargase la instrucción de la causa, que finaliza el 29 de enero.
Fue el pasado mes de julio cuando el magistrado prorrogó por seis meses la investigación explicando que, en ese momento, tenía pendiente «recabar información de las autoridades francesas sobre el estado de tramitación de las órdenes europeas de entrega emitidas contra» Javier Arizcuren, alias ‘Kantauri’, Julián Achurra Egurola, ‘Pototo’ y Juan Luis Aguirre Lete, ‘Isuntza’.
El juez accedió a seguir investigando a raíz de la petición tanto de la viuda y el hijo del concejal del PP como de la Asociación Dignidad y Justicia. Esa prórroga de la instrucción también fue solicitada en su momento por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el Ayuntamiento de San Sebastián, la Asociación Equipo de Víctimas del Terrorismo de la Guardia Civil, el Partido Popular y la Fiscalía.
EN BUSCA DE LOS AUTORES INTELECTUALES La Audiencia Nacional ya condenó a Juan Ramón Carasatorre, apodado ‘Jon’ y ‘Zapata’, Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, y Valentín Lasarte como autores materiales del atentado cometido contra el concejal vasco, a quien dispararon cuando se encontraba almorzando en un bar de la capital donostiarra con la entonces secretaria del Grupo Popular, María San Gil, y otros dos colaboradores.
La investigación de este atentado se retomó en 2015, cuando los hechos estaban cerca de prescribir, a instancias de una querella presentada por Consuelo Ordóñez, hermana del concejal asesinado y actual presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), para que se identificara y juzgara a los ‘cerebros’ de este crimen.
Los informes de inteligencia elaborados entonces por la Guardia Civil permitieron al anterior titular de dicho juzgado, Santiago Pedraz, atribuir la autoría intelectual a ‘Iñaki de Rentería’ y Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’, así como a los también miembros de la antigua cúpula etarra Julián Achurra Egurola, ‘Pototo’; José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’; y Juan Luis Aguirre Lete, ‘Insuntza’.
El igualmente exjefe de ETA ‘Mikel Antza’ declaró ante Abascal el pasado 21 de diciembre de 2021 por videoconferencia desde Donosti para negar su participación en los hechos y atribuir las pruebas en su contra a supuestas torturas a presos vascos.
Por su parte, ‘Iñaki de Rentería’ se negó a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional el pasado 21 de febrero de 2022. El otrora jefe de ETA solo hizo uso de la palabra para negar su implicación como autor intelectual en el asesinato del concejal.
Fuente: (EUROPA PRESS)
