Ciudadanos ha preguntado al Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop «cómo piensa solucionar» el «conflicto» abierto con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que este mismo lunes pidieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adoptase las «medidas necesarias» para evitar la huelga indefinida convocada para el 24 de enero.
La formación naranja, por medio de su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, ha registrado una pregunta parlamentaria en la que pregunta al Ejecutivo si «acordará como fórmula retributiva alguna de las propuestas por las propias asociaciones de letrados de reducir los grupos de población o aprobar la cláusula de enganche».
En su escrito, Cs recuerda que el pasado mes de diciembre las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia emitieron un comunicado en el que fijaban el día 24 de enero como la fecha en la que dará comienzo una huelga indefinida en este cuerpo, «ante la actitud de la ministra de Justicia, desde cuyo Ministerio no se ha solicitado ninguna reunión con el comité de huelga para hablar del incumplimiento de los compromisos acordados con el colectivo».
«Las funciones de los letrados son de carácter técnico: se encargan de ordenar e impulsar el proceso judicial. Son responsables, entre otras cosas, de la documentación, de formar los autos y expedientes para dejar constancia de las resoluciones que dictan los jueces y magistrados, y de tareas de organización, gestión e inspección. Precisamente, las funciones de los letrados son el origen del conflicto», señala el partido.
En esta línea, señalan que «en el año 2009 se reformaron las leyes procesales con el fin de agilizar el trabajo judicial. «Para ello, el Gobierno decidió que muchas de las tareas que realizaban los jueces pasaran a ser responsabilidad de los letrados. La razón de este cambio era conseguir descongestionar la justicia al centrar el trabajo de los jueces en celebrar juicios y dictar sentencias», explica.
AUMENTO EN LA CARGA DE TRABAJO Cs incide en que, «en la práctica, este cambio sumó nuevas tareas para los letrados, que pasaron a tramitar los procedimientos y ejecutar sentencias». «El Ministerio con su reforma cargó con más trabajo que no vino acompañado de mayores retribuciones. Un extremo que las asociaciones de letrados no reclamaron en ese momento debido a la crisis financiera, ya que consideraban que no era el momento. Además, el Gobierno se comprometió a adecuar la retribución de los letrados a sus nuevas funciones cuando remitiera la crisis», recuerda.
Así las cosas, la formación apunta que los presupuestos generales de 2021 «fueron el primer documento en el que el Gobierno dejó constancia por escrito de su intención de incrementar las retribuciones de los letrados, 12 años después de sumar más tareas a sus funciones».
«En el proceso de negociación de esta cuantía se desencadenó el primer cisma entre los técnicos judiciales y el Gobierno. El Ministerio de Justicia negoció con los sindicatos generalistas y sin la intervención de ninguna de las asociaciones de letrados», sostiene Cs.
A este respecto, la formación señala que «las asociaciones de letrados que convocan la huelga denuncian que el Ministerio de Justicia aún no ha presentado una propuesta concreta». «Con el comunicado presentado por las asociaciones de LAJ, se busca la materialización de una reforma de los decretos de retribución para revertir la discriminación que éstos padecen frente a otros cuerpos, igualmente dependientes del Ministerio», continúa el escrito.
LAS SOLUCIONES OFRECIDAS POR LAS ASOCIACIONES Los naranjas explican que las «soluciones que han ofrecido desde sus asociaciones pasan por dos fórmulas diferentes que garantizarían la desaparición de esa discriminación retributiva». «El primer camino consiste», según apunta Cs, «en enganchar las remuneraciones de los letrados a las de los fiscales y jueces».
«Esto es, aumentar el sueldo de los técnicos de justicia vinculándolo proporcionalmente al de la carrera judicial. Actualmente, cada colectivo de trabajadores cobra según su decreto de retribuciones que no están vinculados», asevera.
Cs apostilla que «el segundo camino para resolver el conflicto, propuesto por el Colegio, es reducir los grupos de población de cinco a tres». «Actualmente los letrados cobran según las poblaciones a las que sirven y, a diferencia de otros funcionarios de Justicia de la misma categoría, en lugar de tres tienen cinco grupos», añade.
De esta forma, concluye la formación, «los que cobran menos por estar destinados en pequeños núcleos urbanos, pasarían a cobrar más». Con todo, Cs avisa de que «en cualquier caso, ambos caminos llegan al mismo resultado: adecuar las retribuciones de los técnicos judiciales a sus funciones».
Fuente: (EUROPA PRESS)
