El exdirector del Puerto de Gijón José Luis Díaz Rato ha asegurado este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación del contrato para las obras del puerto de El Musel, en Gijón, que advirtió de que el proyecto finalmente escogido para la ampliación «no era admisible».
Díaz Rato, para quien la Fiscalía Anticorrupción interesa una pena de tres años de prisión como autor de un delito de fraude y 25 años de inhabilitación por delitos de prevaricación, ha explicado que lanzó esa advertencia antes de la reunión del Consejo de Administración celebrado en febrero de 2004.
En ese encuentro, según explicó el juez en un auto, «se acordó de modo urgente optar por la llamada variante este patrocinada por Puertos del Estado y solicitar al Ministerio de Fomento y Puertos del Estado la aportación de los fondos mencionados y la adopción, por los órganos competentes, de las medidas administrativas y técnicas necesarias para que se pudiera proceder a concursar las obras en el plazo más breve posible».
Díaz Rato ha señalado que no participó «para nada» en esa reunión. «Participé como presidente, pero no dije nada porque ya lo había dicho meses antes, cuando Puertos del Estado planteó la variante este. Plantee mi criterio y mi parecer de que esa solución no era admisible. En este Consejo me limité a estar presente», ha aseverado.
El que fuera director del Puerto de Gijón ha insistido en que su propuesta fue la variante 3C ya que, a su juicio, «solucionaba un problema histórico» del propio puerto. Si se eligió finalmente la citada variante este, ha reconocido, es porque era «la única forma de avanzar con una ampliación». «No se veía otra alternativa», ha añadido.
SOBRECOSTES DEL PROYECTO Díaz Rato se ha expresado así durante la segunda sesión de la vista oral, que se centra en las obras de ampliación del puerto de El Musel y, en concreto, en la adjudicación en 2004 del contrato de obra pública por un importe inicial de 580 millones de euros. Se trató de un proyecto que, además, contó con la financiación de los fondos de cohesión de la Unión Europea, una ayuda que se elevó a los 247,5 millones de euros.
Este procedimiento también pone el foco en los sobrecostes en los que finalmente se incurrió respecto al proyecto inicial. La aprobación en 2007 del modificado de ampliación del puerto fijó el importe final en más de 830 millones de euros al contemplar un incremento de 250 millones de euros en la inversión.
Esta segunda sesión del juicio ha arrancado donde terminó la primera: con el interrogatorio al expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach. Anticorrupción solicita para él tres años de prisión como autor de un delito de fraude y 25 años de inhabilitación por delitos de prevaricación.
«RESPONSABILIDAD ECONÓMICA»
A preguntas de su defensa, Menéndez ha detallado cuáles eran sus funciones en el cargo. «Dirigir el Consejo, hacer cumplir sus decisiones y tener una garantía del control económico. También todo lo que fuera representación y defensa de la propia Autoridad. Ese era el objetivo de mi función, no tanto el seguimiento de la obra», ha señalado.
En esta línea, el otrora responsable de la Autoridad Portuaria de la ciudad ha insistido: «La ley de puertos exigía que el director de puerto fuera ingeniero de caminos con 5 años de experiencia y era quien tenía la completa responsabilidad de ejecución de las obras. Yo tenía la responsabilidad económica pero no técnica en la ejecución».
Preguntado sobre si conoce otra obra en un puerto que terminase con una liquidación negativa de 200 millones, Menéndez ha sido tajante: «No conozco ninguna, pueden preguntarle a los contratistas a ver cuáles son de las que tienen conocimiento».
Así las cosas, ha señalado que él siempre se fijó en «la ampliación del puerto de La Coruña, que tuvo un modificado superior». «Y no hubo una liquidación negativa ni hubo problema por parte de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, de Fiscalía ni de ningún tema», ha zanjado.
Fuente: (EUROPA PRESS)
