El juez Alejandro Abascal abre una nueva pieza separada en el denominado ‘caso Morodo’ y acerca al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo y a su círculo familiar al banquillo por presuntos delitos de fraude fiscal.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor de la Audiencia Nacional acuerda crear una pieza separada para la investigación de fraude fiscal correspondiente a los ejercicios de 2013, 2014 y 2017 por cuotas defraudadas superiores a los 120.000 euros. La pieza en cuestión se dirige contra el exembajador Raúl Morodo, su hijo Alejo Morodo y su nuera Ana Catarina Varandas y contra las sociedades ‘Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL’, ‘Furnival Barrister Corp’ y ‘Morodo Abogados y Asociados SL’.
El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 actúa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la formación de una pieza separada para Morodo y su círculo familiar poder así continuar con los trámites del procedimiento abreviado, lo que deja al que fuera embajador durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero más cerca del banquillo de los acusados en un eventual juicio.
El juez Abascal adopta esta decisión en aras de la «agilización procesal» y para «evitar dilaciones indebidas». Con ello, pretende adelantar el enjuiciamiento, por separado, de unos hechos delictivos que –tras ser investigados en el seno de unas diligencias previas– «no deben aguardar o demorarse hasta que se complete la instrucción con relación a otros hechos delictivos u otras personas que pueden ser objeto de indagación separada».
‘CASO MORODO’ Y ‘CASO VENEZOLANOS’ En este caso en concreto, el magistrado instructor incide en que es evidente que la investigación debe diferenciarse en dos bloques: «el primero, que el Ministerio Fiscal identifica como ‘caso Morodo’; y otro, como ‘caso Venezolanos’, que si bien mantienen conexidad inicial, están perfectamente diferenciados y dotados de elementos propios que permiten y aconsejan su enjuiciamiento por separado; no sólo porque los hechos y las personas investigadas en cada uno de ellos sean diferentes, sino también por el distinto estado procesal en que se encuentran».
La investigación que se sigue en la Audiencia Nacional tiene su origen en la querella que la Fiscalía presentó en enero de 2019 por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública contra Raúl Morodo, su hijo y otras personas físicas y jurídicas vinculadas a ambos. En aquel escrito se señalaba también a los venezolanos Carlos Adolfo Prada Gómez y a Juan Carlos Márquez Cabrera (que falleció durante la investigación), y contra otras personas físicas y jurídicas de su entorno familiar y empresarial.
Las pesquisas iniciales se centraron en los más de 4,5 millones de euros que Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) «carentes de justificación real y lógica comercial».
Fuente: (EUROPA PRESS)
