El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha criticado las medidas sobre el aborto anunciadas por la Junta de Castilla y León y ha defendido el requerimiento aprobado este martes por el Consejo de Ministros contra el Gobierno regional.
«Lo que se estaba intentando hacer desde Castilla y León creo que es una interferencia clarísima a los derechos de las personas», ha señalado en una entrevista a Europa Press Subirats, después de que el Ejecutivo haya aprobado un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León debido a sus medidas sobre el aborto.
Al ser preguntado por los motivos por los que el Gobierno ha realizado un requerimiento en esta situación pero no actuó del mismo modo contra los decretos de la Generalitat catalana que suprimían el 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas, el ministro ha asegurado que en el caso catalán «no hay vulneración de ningún derecho» mientras que en Castilla y León «hay una voluntad de interferir en la voluntad de las mujeres a la hora de decidir qué hacen con su vida».
«Detrás del primer caso hay la voluntad de reconocer que existen lenguas cooficiales en todo el país y que lo dice la Constitución y en el segundo caso lo que hay es una voluntad de interferir en la voluntad de las mujeres a la hora de decidir qué hacen con su vida», ha sentenciado.
Por ello, el responsable de Universidades ha apostado por no equiparar ambas situaciones, «tanto desde el punto de vista de contenidos como desde el punto de vista de valores que se defienden y, de alguna manera, de protección que la propia Constitución hace de uno y otro criterio». «Yo creo que son elementos distintos, la comparación no es razonable», ha apostillado.
En referencia a los decretos aprobados por la Generalitat que suprimen el 25% del castellano, el ministro ha incidido en que «no hay ninguna vulneración de ningún derecho», algo que, a su juicio, se «puede comprobar las universidades catalanas, vascas, mallorquinas, gallegas o valencianas.
«Esa cooficialidad de las lenguas se practica, la gente funciona de una manera totalmente razonable y no hay ninguna exclusión de ningún tipo», ha sentenciado el ministro de Universidades.
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación a «actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior». Se trata del paso previo a iniciar acciones ante el Tribunal Constitucional.
Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León «incluye aquellas actuaciones constitutivas de vía de hecho», que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla. La Junta tiene un plazo de un mes para contestar.
Fuente: (EUROPA PRESS)
