La defensa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha considerado este miércoles que el escrito de la Fiscalía que pide procesarlo también por desórdenes públicos agravados, en contra del criterio del juez instructor, «no se sostiene jurídicamente».
«Es un escrito más político que jurídico», ha criticado en una entrevista en Cataluña Ràdio recogida por Europa Press, donde ha opinado que, en el proceso de la reforma del Código Penal, no se ha contado toda la verdad cuando desde el Gobierno y la Generalitat se contradicen sobre si mejora la situación de las personas que viven fuera de España.
En su opinión, Gobierno y la Generalitat «saben poco de derecho porque lo que dicen no se sostiene», y ha avisado de la complejidad que supone reformar un Codigo Penal.
«Aquí lo que ha habido es un toqueteo del Código penal. Los juristas lo estamos viendo, y vemos las disfunciones que ha creado y creará», ha sostenido.
Tras pedir coherencia en sus actuaciones al juez Pablo Llarena, ha avisado de que no logrará la extradición de Puigdemont porque, a su juicio, los hechos de 2017 no son constitutivos de delito: «Todo lo que se diga al respecto no son más que fuegos de artificio», ha añadido.
Sobre que se mantenga el procesamiento de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig por un delito de malversación y desobediencia y sólo de desobediencia para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha dicho que lo desconoce e imagina que esto puede enmarcarse «dentro de un pacto».
PLAN PARA LA VUELTA «Debe haberse acordado algo al respecto o consideran que Rovira era insignificante en el ‘procés’ de 2017», ha apuntado Boye, que asegura tener un plan para hacer posible la vuelta de Puigdemont y los exconsellers en un plazo breve y razonable.
Así, ha concretado que, a partir de la sentencia sobre la inmunidad, se podrá fijar la fecha de vuelta definitiva de todos ellos, y espera que esto ocurra este 2023.
Fuente: (EUROPA PRESS)
