El nuevo Tribunal Constitucional (TC) celebrará la próxima semana su primer Pleno jurisdiccional para estudiar si admite a trámite el recurso de Vox contra la conocida como ‘ley del solo sí es sí’ y el del Gobierno contra la ley catalana de vivienda, entre otros asuntos, según ha informado este miércoles la corte de garantías.
El recurso de Vox, cuya ponencia ha recaído en el magistrado Ramón Sáez, se dirige contra las disposiciones finales cuarta, séptima y decimoséptima de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
La vicepresidenta jurídica de Vox, Marta Castro, explicó al presentar la impugnación que recurrían porque creen que la nueva ley es una «aberración jurídica» por «vulnerar todos los principios básicos del ordenamiento jurídico y la Constitución».
Castro indicó que atenta contra los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia, ya que, a su juicio, la nueva regulación del consentimiento «invierte la carga de la prueba».
Para los de Santiago Abascal, la ley deja «desprotegidas a las víctimas» y permite un «marco de discrecionalidad muy amplio de análisis por el juez, en cada uno de los casos».
El Constitucional, en base a una ponencia de María Luisa Balaguer, también estudiará la admisión del recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 12 de la Ley de la Generalitat de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, que modifica la destinada a «afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda».
Ya en primera deliberación, la corte de garantías analizará otro recurso de Vox contra el artículo 2 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 4/2022 de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero, de cuya ponencia se ocupa igualmente Sáez.
También revisará en primera deliberación la cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en ponencia de Enrique Arnaldo, sobre el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos; y la Ley 8/2022 sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
Fuente: (EUROPA PRESS)
