La Dirección General de Tráfico (DGT) estudiará cuando lo reciba el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictado que el sistema que aplica la DGT para repartir la adjudicación de los cursos para la recuperación de los puntos del permiso de conducción va en contra de la libertad de establecimiento que protege las reglas de la UE en tanto que el límite a un único concesionario por zona geográfica supone una condición desproporcionada.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Pere Navarro, tras conocerse la sentencia que responde a una cuestión prejudicial remitida por el Tribunal Supremo español respecto a la adjudicación de esos cursos mediante concesión de servicio público, un sistema que en la práctica supone conceder el control a un único concesionario en cada una de las cinco zonas geográficas que se establecieron en la licitación de la DGT.
Por su parte, Ramón Ledesma, consejero asesor de PONS Mobility, ha explicado que «como todo proyecto, público o privado, hay una fase de puesta en marcha y una fase de mantenimiento» y ha añadido que en el caso de los cursos de recuperación de puntos del permiso de conducir «se decidió que en un primer momento se implantara por un mecanismo de concesión administrativa, pero llegados a la fase de mantenimiento, por diferentes circunstancias, no se hizo bien».
En este sentido, Ramón Ledesma ha señalado a Europa Press que, «en 2018, la Audiencia Nacional ya dejó claro que el sistema no era válido, pero sin embargo se decidió seguir alargando la agonía de algo que estaba claro que había que cambiar».
Según ha apuntado Ledesma, «lo que hace ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es decirle al Tribunal Supremo que definitivamente ahora hay que pasar a otro modelo, en línea con lo que ya falló la Audiencia Nacional hace casi 5 años».
«Solo queda, por tanto, que el Tribunal Supremo atienda todo el historial y procedamos. Como país, tuvimos una oportunidad en la reforma de la Ley de Tráfico de 2021, pero decidimos como país no hacer nada y alargar un ‘chicle jurídico’ que no da más de sí», ha zanjado el experto en seguridad vial.
Fuente: (EUROPA PRESS)
