Los manifestantes que exigen la dimisión de la presidenta peruana, Dilma Boluarte, mantienen un total de 83 cortes de carretera en distintos puntos del país, según el último balance oficial de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías.
Los bloqueos están presentes en ocho regiones del país: Ucayali, Huánuco, Ica, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Madre de Dios, Tacna, según recoge la emisora peruana RPP.
El director de la ONG Luz Ambar, Quispe Candia, ha explicado que estos cortes afectan a unos 80.000 camiones de transporte de carga que se encuentran varados. Solo en la carretera que lleva a Desaguadero, en la región de Puno, cerca de la frontera con Bolivia, hay 300 camiones varados desde hace 16 días.
Mientras, la Policía continúa reteniendo a 193 personas detenidas en la Universidad de San Marcos de Lima, todas ellas detenidas después de que el unos 400 policías irrumpieran con tanquetas y apoyo de fuerzas especiales sin cumplir los procedimientos legales para las detenciones.
La congresista Isabel Cortez ha denunciado que algunas de las personas detenidas en la Universidad de San Marcos se encuentran en lamentables condiciones. «Esta es la situación en la que está hacinados nuestros hermanos que fueron detenidos ayer en San Marcos. Exigimos a la policía y fiscalía el respeto de los derechos humanos y a la dignidad de las personas que han sido detenidos desde forma arbitraria», escribió en su cuenta de Twitter tras publicar una imagen de personas hacinadas tiradas en el suelo de una sucia estancia.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha exigido a la Policía aclarar la situación jurídica de los detenidos en la intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. «Nada justifica que las personas sigan detenidas en las instalaciones de la Policía», ha apuntado.
También Amnistía Internacional ha condenado el «uso desproporcionado de la fuerza» y respeto a los Derechos Humanos. «El estado de emergencia no suspende el debido proceso. Las personas detenidas deben tener acceso a su defensa en todo momento y contar con intérpretes de necesitarlo. Se mantiene la prohibicion de incomunicación y de tratos crueles e inhumanos», ha recordado el organismo internacional.
Además se ha informado de la muerte de dos personas en Virú en enfrentamientos entre policías y manifestantes que bloqueaban la carretera Panamericana Norte. Uno de los fallecidos tenía 23 años, mientras que la segunda víctima mortal, de 54 años, murió tras no aceptar la exigencia de pagar un soborno para poder atravesar un piquete.
En respuesta a esta situación, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, ha reconocido que los peruanos «están pasando momentos de tristeza porque han tenido algún pariente fallecido en estos disturbios o tienen algún pariente enfermo u hospitalizado, no solo de la sociedad civil, sino de la Policía». «Estamos pasando momentos difíciles, pero, como nos dijo la presidenta y el premier, no podemos parar», ha advertido.
Fuente: (EUROPA PRESS)
