La Confederación Española de Policía Nacional (CEP) ha criticado este miércoles el procesamiento de 45 policías por su actuación durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y ha señalado directamente a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona, que aparecen como acusaciones particulares en el procedimiento judicial.
La CEP ha denunciado «cinco años de cacería judicial contra 65 compañeros» que, según expresan en un comunicado, simplemente cometieron el ‘pecado’ de «defender la Constitución Española, la legalidad y a todos los españoles durante el 1-O».
Respecto a las acusaciones particulares de Ayuntamiento y Generalitat, el sindicato ha asegurado que «no les extraña», porque en CEP llevan «años denunciando los planes independentistas, que pasan por eliminar la presencia de la Policía Nacional en esta comunidad autónoma».
La CEP asegura que los 45 acusados que tendrán que enfrentarse a una acusación de lesiones, al igual que los otros 20 que han quedado exonerados, son inocentes y tienen el apoyo tanto del sindicato como de «millones de españoles que reconocen su gran trabajo durante el 1-O».
«Quisieron echarnos del País Vasco durante décadas. No lo van a conseguir tampoco en Cataluña», ha apostillado la asociación de policías nacionales en su comunicado.
En un auto consultado este miércoles por Europa Press, el juez da por terminada la investigación y también archiva el caso para otros 20 investigados. Ahora, acusaciones y defensas deberán presentar sus escritos y pedir que el caso vaya a juicio o bien que se archive.
El instructor se refiere al dispositivo en diferentes colegios, como en el IES Pau Claris, donde «claramente los responsables del operativo policial no cumplieron sus obligaciones de supervisión de la acción de los agentes bajo su responsabilidad». «La actuación policial fue claramente desproporcionada en general», sostiene.
En este colegio se ha identificado al policía que saltó desde una escalera para dar una patada sobre un hombre y están procesados tres agentes que aparecen en vídeos lanzando escaleras abajo a varias personas.
El juez constata que el responsable del dispositivo incumplió la normativa policial, haciendo mención por ejemplo a la «falta de anuncio» previo a las cargas policiales, lo que contribuyó a las heridas de los ciudadanos congregados para votar en el referéndum del 1-O.
Fuente: (EUROPA PRESS)
