Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocantes de la huelga indefinida que comenzó el pasado martes han señalado que el seguimiento en esta cuarta jornada ha sido mayoritario, con alrededor del 75% de la plantilla, y avisa que se han suspendido «miles de actuaciones judiciales». Un día más, estas cifras chocan con los datos que ofrece el Ministerio de Justicia, que dice que han secundado el paro un 20,13%.
En un comunicado emitido a última hora de este viernes, las tres asociaciones –la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados– reprochan que la ministra Pilar Llop esté «fuera del país» y que «siga» sin hacer «el más mínimo intento de solucionar el conflicto».
Desde el Ministerio de Justicia han comunicado que Llop ha estado los últimos dos días en el Consejo informal de ministros de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la Unión Europea (UE), que ha tenido lugar en Suecia.
Desde que empezó el parón el pasado martes, el comité de huelga ha cifrado la participación por encima del 75%, siendo este viernes la cifra más baja. El jueves computó un seguimiento del 78%, frente al 80% del miércoles y el 81% del martes.
En el Ministerio también han registrado el dato de participación más bajo este viernes: un 20,13% frente al 24,5% del jueves, el 26,98% del miércoles y el 28,23% del martes.
ACTOS JUDICIALES SUSPENDIDOS Las tres asociaciones convocantes han incidido en que «pese a los datos sesgados, interesados y erróneos que ofrece el Ministerio de Justicia, la realidad es tozuda y lamentablemente la Administración de Justicia en España está parada».
Este viernes, el comité de huelga ha avisado que se han suspendido «miles de actuaciones judiciales» a raíz de la huelga. Ayer cifró en unos 30.000 los actos judiciales que habían tenido que suspenderse a causa del parón.
Además, según informó ayer, unos 11 millones de expedientes judiciales habían quedado paralizados, «causando una demora de un mínimo de tres meses en cada uno de ellos». Al hilo, aseguraron que en las cuentas de depósito y consignación se habían inmovilizado una cantidad cercana a los 110 millones de euros.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que –denuncian– ha provocado un «insoportable desequilibrio».
Los convocantes señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».
Las asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: «No solo no ha convocado al Comité de Huelga, (…) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad».
Llop pidió hace una semana a los convocantes que huyeran de «posiciones maximalistas» porque impedían «buenos acuerdos», asegurando que su Ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJ.
Además, enfatizó que estos funcionarios son un componente importantísimo para el buen funcionamiento del trabajo de juzgados y tribunales, para pedirles que sean conscientes de que quien ejerce una función pública lo hace para los ciudadanos.
LA POSTURA DEL MINISTERIO Ese mismo día, desde el Ministerio remitieron una carta a los LAJ firmada por el secretario general de innovación y calidad del servicio público de Justicia, Manuel Olmedo, ante la «desinformación que aparentemente existe» sobre las actuaciones llevadas a cabo desde el departamento «en interés» del cuerpo.
Olmedo hizo un balance de los objetivos que propuso conseguir cuando asumió el cargo. Recordó que la primera medida, vinculada a la modificación de los reales decretos retributivos para hacer efectivo el acuerdo sindical adoptado en diciembre de 2021, se aprobó en abril de 2022 y representó un aumento con carácter retroactivo. «La plenitud de los efectos se reflejará en la nómina de este mes de enero, alcanzando un incremento de complementos de 206,87 euros», precisó.
Fuente: (EUROPA PRESS)
