El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha reiterado que la huelga que mantienen los letrados de la Administración de Justicia es una medida «política» y que está «fuera de lugar».
Rodríguez, que este miércoles ha presentado en Vitoria-Gasteiz el avance del ‘Plan Justicia 2030’, ha vuelto a expresar su malestar hacia una huelga que, según ha denunciado, carece de «sentido» desde un punto de vista laboral o económico y que solo «perjudica a los ciudadanos».
El secretario de Estado ha iniciado su intervención aclarando que, pese a que algunos medios de comunicación publicaron que había llamado «golpistas» a los letrados de la Administración de Justicia, en ningún momento empleó dicho término, sino que lo que hizo fue referirse a ellos como «huelguistas», y que hubo quien entendió mal esa palabra.
Rodríguez ha aprovechado su comparecencia de este miércoles para repasar las condiciones económicas de estos trabajadores, cuyos salarios ha afirmado que «oscilan entre 39.011 y 60.826 euros». Además, ha señalado que el pasado año se les aplicó un incremento retributivo de 206 euros al mes, «sin contar la productividad, los complementos y las sustituciones». «Eso supone un incremento del 5,26% por ciento en su salario anual; es decir, 2.482 euros más al año», ha añadido.
El secretario de Estado ha explicado que a esta subida se le suma el incremento salarial del 9,25% aplicado a todos los funcionarios, de forma que la subida global de los salarios de los letrados judiciales alcanza un 14,76%.
Por otra parte, ha manifestado que la retribución de ‘entradas’ y ‘registros’ se ha incrementado de 30 a 110 euros, y que en el régimen de sustituciones «han pasado de cobrar 700 euros a cobrar a 1.600 seis cientos euros».
A su vez, ha indicado que en el plan de acción normativo se han incluido los reales decretos de retribuciones del cuerpo con la finalidad de asimilarlo al sistema de retribución de las carreras judicial y fiscal.
«NUNCA VAN A SER JUECES Y FISCALES»
Tontxu Rodríguez ha manifestado que un letrado de Administración Justicia «cobra entre un 60 y un 83% de lo que cobra un juez o un fiscal», todo ello pese a que «nunca van a ser jueces y fiscales», dado que «han optado por una oposición que era de letrado de la Administración de Justicia».
Por todo ello, ha considerado que «cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tienen un sentido», puesto que el Ministerio «ha cumplido todos los acuerdos» alcanzados con la representación de estos trabajadores.
El secretario de Estado ha lamentado que ninguna de las reclamaciones de los letrados judiciales en huelga «tiene el objetivo de mejorar el servicio público de Justicia». Por otra parte, frente a quienes afirman que los responsables del Ministerio «no se han reunido nunca» con este colectivo, ha subrayado que se han producido «más de 30» encuentros.
Rodríguez ha reconocido que la huelga «está afectando» a los tribunales, y ha lamentado que detrás de esta protesta se encuentre una «motivación política».
BODAS SUSPENDIDAS El secretario de Estado ha expresado su preocupación por el «perjuicio» que los paros están causando a los ciudadanos. En este sentido, y al margen de los aplazamientos de juicios, ha explicado que incluso se están produciendo anulaciones de bodas en las puertas de los juzgados.
«Hay gente que ha preparado su boda y que, cuando llega a la puerta del juzgado, vestidos de novia y de novio, un señor les dice que hay huelga y que no les casa», ha criticado.
También ha censurado que hay letrados judiciales que, «para no perder 170 euros al día por hacer huelga, cogen vacaciones» y ha asegurado que solo en la jornada de este pasado martes, más de 900 de estos trabajadores «cogieron vacaciones para que no se les descuente» parte de su salario.
«Los trabajadores de la siderurgia no hacían eso. Si iban de huelga, iban de huelga, no cogían una visita a un médico y luego se iban con un megáfono a la puerta del Ministerio diciendo que han ido la visita al médico», ha afirmado.
Por todo ello, ha afirmado que esta huelga «política» debe «parar», dado que está «perjudicando a los ciudadanos» y que no es una protesta para reclamaciones económicas que están «fuera de lugar».
Fuente: (EUROPA PRESS)
