El Comité Español de Ética de la Investigación deberá promover la conducta responsable en investigación, la formación y educación en buenas prácticas científicas y actuaciones para prevenir y evitar las violaciones de la integridad científica.
Asimismo, establecerá los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas de la investigación científica y técnica, que incluirán pautas, compromisos o recomendaciones para prevenir, detectar, gestionar, evitar y resolver los conflictos de intereses.
Así lo refleja el real decreto por el que se aprueba el Reglamento del Comité Español de Ética de la Investigación publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras ser aprobado por el Consejo de Ministros.
El órgano deberá tener en cuenta los principios de la ciencia ciudadana y de investigación abierta y colaborativa. Estos códigos serán desarrollados por los comités de ética o de integridad científica de las organizaciones que realizan y financian investigación.
Entre sus funciones, también se encuentra la de representar a España en foros y organismos supranacionales e internacionales relacionados con la integridad científica, la investigación responsable y la ética de la investigación científica y técnica; o impulsar la creación de comisiones de ética o de integridad científica e investigación responsable vinculadas a los agentes ejecutores y financiadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El Comité Español de Ética de Investigación tendrá que prestar asesoramiento a las organizaciones que desarrollan y financian investigación para la definición de sus políticas de integridad científica, investigación responsable y de conflictos de intereses, con base en los principios éticos y responsabilidades profesionales establecidos en la Declaración Nacional sobre Integridad Científica.
Otras de sus responsabilidades son las de incentivar la implementación de los planes para la promoción de la conducta responsable en investigación, diseñados por las organizaciones que realizan y financian investigación; o alcanzar acuerdos respecto de conflictos de integridad científica que impliquen a más de una organización, siendo alguna de ellas extranjera, y emitir, a instancia de parte, una segunda opinión respecto de conflictos de integridad científica que conciernan a distintas organizaciones nacionales.
El real decreto publicado en el BOE también atribuye a este órgano colegiado la responsabilidad de elaborar una memoria anual de actividades, así como cualesquiera de las funciones que le encomiende el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación.
El Reglamento es el paso previo a la constitución y nombramiento del Comité, que tendrá lugar este año. Este órgano -adscrito al Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación-, contribuirá a dotar al sistema español de ciencia, tecnología e innovación de instrumentos y herramientas para la promoción de una conducta responsable en investigación.
Fuente: (EUROPA PRESS)
