El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de 26 años y 11 meses de prisión que se impuso a un septuagenario por pedir a seis menores con problemas económicos que le dejaran hacerles tocamientos «a cambio» de dinero –entre 5 y 10 euros– y de sobornos «como llevarlas a comer a una hamburguesería o a comprarles ropa».
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2013 y 2015, cuando el acusado «con ánimo libidinoso y prevaliéndose de edad respecto a las menores (…) se acercó a ellas con el pretexto de leerles las cartas del tarot y mantener una conversación». A medida que se ganó la confianza de las menores, les pidió que «se dejaran tocar» y para convencerlas les ofreció efectivo, regalos y comidas.
Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado abusó de las jóvenes, con edades entre 13 y 15 años, y «se prevalió no solo de esa desproporción de edad con las menores y su falta de madurez, sino de otros factores».
El tribunal ha recalcado que el hombre se aprovechó de la «debilidad de posición social y económica de las víctimas» para hacerles «pequeños regalos de ropa, invitaciones a comer hamburguesas o pequeñas cantidades de dinero para obtener sus favores sexuales».
Así, los magistrados han desestimado el recurso que presentó el septuagenario contra la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de avalar la sentencia de un juzgado de Rubí por la que se le condenó, entre otros, como autor de seis delitos de corrupción de menores y dos delitos continuado de abuso sexual con prevalimiento.
Aunque el anciano fue condenado a casi 27 años de prisión, el juzgado de instancia consideró pertinente que cumpla hasta 21 años de la pena. Disconforme con la resolución, llevó su caso ante el Supremo.
EL TRIBUNAL DICE QUE LOS HECHOS SON CLAROS El hombre alegó que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías. También argumentó, entre otras cuestiones, que la sentencia por la que se le condenó no expresaba «clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados».
El septuagenario insistió en que la resolución dictada en Cataluña recogía con un relato «absolutamente parco, escueto, vago y abstracto, pronunciándose en términos generales y globales».
El Supremo no ha coincidido con él y le ha respondido que «los términos utilizados en el hecho probado resultan gramaticalmente comprensibles, sin ambigüedad, oscuridad o deficiente redacción, y permiten conocer la verdad de lo acontecido en relación a la existencia de los delitos y la participación del acusado».
En 30 folios, la Sala de lo Penal ha desestimado todos sus argumentos y ha confirmado la pena de prisión, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con las menores por casi 32 años y la indemnizaciones de entre 6.000 y 12.000 euros.
Fuente: (EUROPA PRESS)
