El Juzgado Central de Instrucción Número 6, en el que se investiga el ‘caso Acuamed’, se ha visto obligado a suspender la declaración de tres imputados debido a la huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que comenzó el pasado 24 de enero.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el Juzgado que dirige Manuel García Castellón ha tenido que suspender esta diligencia. La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), una de las convocantes de la huelga indefinida, se ha hecho eco en su perfil de Twitter de la suspensión.
Cabe recordar que en la rama de ‘Acuamed’ instruida en la Audiencia Nacional se investigan presuntos delitos de malversación, así como de fraude, cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.
El mismo Juzgado se vio forzado el pasado 31 de enero a suspender una testifical enmarcada en la pieza 9 de ‘Tándem’, en la que el magistrado indaga en los contratos del BBVA con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO Todo ello por la huelga indefinida de los LAJ, un conflicto que tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que –denuncian– ha provocado un «insoportable desequilibrio».
Los convocantes señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».
Las asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: «No solo no ha convocado al Comité de Huelga, (…) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad».
Antes de que empezara la huelga, Llop pidió a los convocantes que huyeran de «posiciones maximalistas» porque impedían «buenos acuerdos», asegurando que su Ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJ.
Además, enfatizó que estos funcionarios son un componente importantísimo para el buen funcionamiento del trabajo de juzgados y tribunales, para pedirles que sean conscientes de que quien ejerce una función pública lo hace para los ciudadanos.
Según informaron el pasado viernes los convocantes –UPSJ, la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados– desde que empezaron el parón se han dejado de dictar un millón de resoluciones.
LA POSTURA DEL MINISTERIO Ese mismo día, desde el Ministerio remitieron una carta a los LAJ firmada por el secretario general de innovación y calidad del servicio público de Justicia, Manuel Olmedo, ante la «desinformación que aparentemente existe» sobre las actuaciones llevadas a cabo desde el departamento «en interés» del cuerpo.
Olmedo hizo un balance de los objetivos que propuso conseguir cuando asumió el cargo. Recordó que la primera medida, vinculada a la modificación de los reales decretos retributivos para hacer efectivo el acuerdo sindical adoptado en diciembre de 2021, se aprobó en abril de 2022 y representó un aumento con carácter retroactivo. «La plenitud de los efectos se reflejará en la nómina de este mes de enero, alcanzando un incremento de complementos de 206,87 euros», precisó.
Fuente: (EUROPA PRESS)
