El Consejo General de la Abogacía Española ha señalado este martes que la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) «está perjudicando seriamente el funcionamiento de los juzgados y tribunales», por lo que ha recordado que tanto el Ministerio de Justicia como los convocantes «tienen la obligación de continuar las conversaciones para alcanzar lo antes posible un acuerdo».
En un comunicado, la Abogacía Española ha señalado que «todos los trabajadores y profesionales tienen derecho a ejercer la huelga en reclamación de los derechos o contraprestaciones que consideren justos» pero, según ha advertido, esto no debe «menoscabar otros» como el derecho de defensa y el de acceso a la justicia, «especialmente en los casos de mayor urgencia o en los que se vean involucradas personas en situación de vulnerabilidad».
En este sentido, ha denunciado que la huelga está causando «la suspensión de miles de vistas y haciendo perder a los implicados en las mismas decenas de miles de horas».
«Tanto el Ministerio de Justicia como los propios convocantes tienen la obligación de continuar las conversaciones para alcanzar lo antes posible un acuerdo que ponga fin al daño desproporcionado al que está siendo sometida la ciudadanía y permita a los juzgados recuperar su actividad en condiciones de normalidad», han reclamado.
El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que –denuncian– ha provocado un «insoportable desequilibrio», según las asociaciones convocantes.
Las últimas cifras que han trascendido sobre el seguimiento del paro de la huelga datan de este lunes, cuando las tres asociaciones convocantes señalaron que alrededor del 73% de la plantilla de LAJs se sumó y que se habían suspendido ya «miles de actuaciones judiciales». Estas cifras chocaban un día más con los datos que ofrece el Ministerio de Justicia, que dice que la jornada fue secundada por un 18,9%.
En este contexto, la Abogacía Española ha destacado que «los actos asociados a la huelga no pueden tener como cometido causar el mayor daño posible a los derechos de la ciudadanía, sino mostrar a la otra parte el malestar por la situación y la necesidad de modificarla».
Por ello, ha explicado que suspender los actos judiciales «ya supone en sí mismo un daño severo al funcionamiento de la Justicia», pero «obligar a los profesionales y a los justiciables a malgastar miles de horas en acudir a señalamientos que en ocasiones los convocantes saben con anticipación que no se celebrarán supone un injusto castigo adicional a quienes ya antes de que comenzase la huelga eran los principales perjudicados del colapso de los juzgados y tribunales».
Así, la Abogacía ha demandado, mientras continúa la huelga, a los LAJs que, en aras a limitar los perjuicios que se causa a los justiciables, «notifiquen con suficiente anticipación a las partes implicadas en señalamientos la suspensión de los mismos independientemente de las causas».
Fuente: (EUROPA PRESS)
