La nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible deberá superar este jueves su último trámite parlamentario antes de su entrada en vigor con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, a donde ha vuelto desde el Senado tras las enmiendas introducidas.
La norma debería salir adelante con una amplia mayoría, incluido el PP que, aunque en la primera votación en la Cámara Baja se abstuvo en la Cámara Alta, sí que dio su voto favorable tras los cambios introducidos en el texto. Solo Vox ha votado en contra en ambas cámaras y se espera que haga lo propio en la votación definitiva.
El Gobierno había venido reclamando desde el inicio de la tramitación del texto el máximo consenso posible en torno a esta ley, como ya ocurrió con la anterior, propuesta por el PP y apoyada entonces por el PSOE.
En el Senado, el texto recabó 260 votos a favor y solo dos en contra. En la Cámara Baja, recibió 201 votos a favor –los de PSOE, Podemos y sus socios de legislatura–, 52 en contra –los de Vox además de Pablo Cambronero– y 92 abstenciones. Además del PP, también se abstuvieron Junts y tres diputados del Grupo Mixto.
Tras la votación en la Cámara Alta, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, agradeció el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios, incidiendo en que el Gobierno ha tendido la mano «desde el primer minuto» para sacar adelante una norma que es «una ley de todos», no del Ejecutivo, y que era reclamada por el sector de la cooperación desde hace tiempo. «La cooperacion es una política de Estado», reivindicó.
NOVEDADES DE LA LEY La principal novedad de la nueva ley, que tomará el relevo a la Ley de Cooperación Internacional de 1998, es que prevé destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte 2030. El Gobierno se ha marcado como objetivo alcanzar el 0,5% para el final de la actual legislatura y la previsión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es que en 2023 se alcance el 0,34%.
Asimismo, prevé que se destine el 10% de la AOD a acción humanitaria, la sustitución del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) por un nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) y la elaboración de un nuevo Estatuto del Cooperante. Estas dos últimas cuestiones, al igual que la prevista reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tendrán que realizarse a posteriori.
Por otra parte, en cuanto al papel de la llamada cooperación descentralizada se la identifica como la que «se realiza desde las comunidades autónomas en el marco de sus competencias y la que desarrollan los entes locales y forales (ayuntamientos, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares)».
Asimismo, se sostiene que «es una de las señas de identidad y fortalezas» de la Cooperación Española y «supone una importante contribución a un sistema de cooperación más democrático y a la buena gobernanza desde la complementariedad y la corresponsabilidad». Dicha cooperación, se desarrollará según sus respectivos Estatutos de autonomía y leyes autonómicas como las líneas generales establecidas por sus asambleas legislativas o parlamentos».
Fuente: (EUROPA PRESS)
