El Tribunal Constitucional (TC) prevé abordar el próximo mes de marzo la nueva ponencia sobre el recurso presentado en 2010 por el PP contra la ley del aborto, de la que se encargará la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, con un enfoque más feminista centrado en los derechos de las mujeres, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.
Se espera que la propuesta redactada por Montalbán incluya una perspectiva de género que ponga la lupa en el bienestar de la mujer, lo que supondrá una aproximación novedosa respecto a la ponencia elaborada por el magistrado Enrique Arnaldo, de acuerdo con las citadas fuentes.
El borrador de Arnaldo ha sido rechazado en el Pleno celebrado este jueves porque declaraba constitucional toda la ley del aborto excepto el artículo 17, al considerar que la forma de informar a la mujer que establece dicho precepto –mediante un sobre cerrado– no garantiza suficientemente que dé un consentimiento informado a la interrupción voluntaria del embarazo.
La nueva mayoría progresista (de 7 magistrados frente a 4) buscaba un aval sin fisuras a la ley del aborto, por lo que ha desechado la ponencia de Arnaldo y éste ha declinado redactar una nueva que recoja el sentir mayoritario. En consecuencia, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, le ha encargado a Montalbán «que proceda a elaborar una nueva resolución que desestime el recurso de inconstitucionalidad» del PP.
Las referidas fuentes avanzan que ambas ponencias –la vieja y la nueva– coincidirán en no aludir a la necesidad de que las chicas de 16 y 17 años recaben el consentimiento de sus progenitores para abortar. Aunque la ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eximía de esta autorización a estas menores, el posterior Ejecutivo de Mariano Rajoy derogó ese artículo, con lo que el recurso ha perdido su objeto en este punto.
La nueva ponencia requerirá varias semanas de trabajo, de modo lo que las fuentes indican que no dará tiempo a que se estudie en el próximo Pleno, previsto para el 21, 22 y 23 de febrero. Así, estiman que se abordará en marzo. El TC ya anunció que en ese primer Pleno del próximo mes –fijado los días 7, 8 y 9– se abordará la impugnación contra la conocida como ‘ley Celaá’.
Cabe recordar que se trata del cuarto ponente del recurso del PP contra la ley del aborto. Elisa Pérez Vera fue la primera encargada de estudiar la impugnación a fondo, después pasó a Andrés Ollero y finalmente a Arnaldo, que ahora cede el testigo a Montalbán.
EL TC BLINDA SU ‘QUORUM’ El recurso ‘popular’ llegó al Pleno de esta semana como parte del plan ideado por Conde-Pumpido para desatascar el tribunal empezando por los asuntos más antiguos. El debate sobre el fondo no empezó hasta el ecuador del cónclave, porque la primera parte se dedicó a ventilar las recusaciones y la abstención suscitadas.
El martes, durante la primera sesión del Pleno, los magistrados rechazaron la decisión voluntaria de Concepción Espejel de apartarse de estas deliberaciones porque era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando el órgano de gobierno de los jueces informó el anteproyecto sobre la ley del aborto.
El Pleno impidió que Espejel se abstuviera al entender que expresó su criterio jurídico sobre este tema «hace más de 12 años» en un informe «fallido» del CGPJ porque no llegó a elevarse al Gobierno.
Ya en la sesión del miércoles, el Pleno frenó las recusaciones lanzadas por 5 de los 71 diputados del PP que firmaron el recurso contra Conde-Pumpido, Montalbán, Espejel y Juan Carlos Campo.
Señalaban a Conde-Pumpido porque era el fiscal general del Estado cuando el Consejo Fiscal que presidía informó el anteproyecto de ley; a Montalbán y Espejel porque eran vocales del CGPJ que informó igualmente el borrador; y a Campo porque fue secretario de Estado de Justicia durante los años 2009 a 2011.
El Pleno directamente inadmitió el escrito de estos 5 ex diputados ‘populares’, incluido el ex ministro Federico Trillo, al estimar que ellos solos no tienen capacidad para actuar en nombre de los 71 recurrentes originales.
De haber prosperado estas recusaciones, el Constitucional se habría quedado sin los magistrados necesarios –al menos 8, de los 11 que son actualmente– para resolver el recurso.
Fuente: (EUROPA PRESS)
