Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) aseguran que se han dejado de efectuar 2 millones de notificaciones por la huelga indefinida que comenzaron el pasado 24 de enero en demanda de mejora salariales. «Detrás de cada número hay un ciudadano que se está viendo perjudicado por la impericia del Ministerio de Justicia», señalan.
La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados han emitido este lunes un comunicado donde cifran el seguimiento de la huelga indefinida durante esta jornada en un 74%, mientras que el Ministerio de Justicia habla de un 26,21%.
Se trata de una participación levemente menor respecto al viernes, cuando el comité de huelga estimó un 78%. En cambio, el departamento que dirige Pilar Llop aprecia una aumento respecto al 25,61% registrado el 10 de febrero.
En las más de dos semanas que lleva la huelga indefinida, los LAJ han registrado máximos de 85% y mínimos de 73%; por contra, el Ministerio ha notificado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.
Según las estimaciones de las tres asociaciones de LAJ, desde el pasado 24 de enero se han suspendido unos 134.000 juicios y vistas –18.000 de ellos en Madrid– en todo el territorio nacional; y se encuentran «paradas» y «pendientes de reparto» unas 120.000 demandas en todo el país.
Además, el comité de huelga asegura que hay 500 millones de euros pendientes de entregar como consecuencia de la huelga. «En definitiva, la actividad en los juzgados se ha reducido en más de un 60%», añaden.
En el marco del comunicado, insisten en manifestar su disposición a reunirse con Justicia «cuanto antes, sin esperar al jueves 16 de febrero». «Nuestro deseo es poder poner fin cuanto antes a la huelga, pero eso obviamente está en manos del Ministerio, que es el que incumplió los acuerdos de abril», señalan.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO La huelga indefinida llega a su jornada número 15 a raíz del conflicto que tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que –denuncian– ha provocado un «insoportable desequilibrio».
Los convocantes señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».
Antes de que empezara la huelga, Llop pidió al comité de huelga que huyera de «posiciones maximalistas» porque impedían «buenos acuerdos». Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, aseguró que la huelga de los LAJ era una medida «política» y que estaba «fuera de lugar».
Rodríguez incidió en que «cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tienen un sentido», puesto que el Ministerio «ha cumplido todos los acuerdos» alcanzados con la representación de estos trabajadores.
Al margen, el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, transmitió a los LAJ que son «una pieza esencial» del Poder Judicial y expresó su «confianza» en que las negociaciones con el Ministerio «puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio».
Fuente: (EUROPA PRESS)
