Las principales organizaciones empresariales y sindicales de Ceuta han reclamado este miércoles durante una reunión de la Mesa de Diálogo Social de la ciudad autónoma, que la aduana comercial que España negocia con Marruecos para poner en funcionamiento en la frontera del Tarajal, donde nunca ha habido, «funcione de acuerdo con los estándares internacionales» y «sin otras restricciones que las derivadas de las capacidades logísticas disponibles en cada momento».
En un comunicado conjunto, la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), la Cámara de Comercio, UGT, CCOO y el Gobierno autonómico que preside Juan Vivas (PP) han coincidido «respaldar» cuantas actuaciones lleve a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez «para cumplir con su apertura» con esas condiciones.
Además, los operadores aduaneros de la ciudad se han mostrado dispuestos a «aportar ideas y solventar los escollos que puedan suscitarse durante su proceso de implantación, ordenado y gradual».
Hasta la fecha la delegación en Ceuta de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria se ha limitado a instalar un contenedor azul como infraestructura para el control del tránsito de mercancías hacia y desde Marruecos. La «prueba piloto» realizada el pasado 27 de enero solo incluyó el paso de una furgoneta con «productos de higiene personal» hacia el país vecino.
En octubre las autoridades locales de la Administración General del Estado auguraron que de entrada solo se contemplaría la entrada en la ciudad española desde el país vecino de camiones con hasta 3.500 kilogramos de carga. El Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta presentado por la ministra de Política Territorial en octubre prevé una inversión de 390.000 hasta 2026 para construir una infraestructura aduanera de 300 metros cuadrados de superficie.
REBAJA DE IMPUESTOS Y BONIFICACIONES Al margen de la aduana comercial, los agentes socioeconómicos han obtenido el compromiso del Ejecutivo local de presentar a la Asamblea una propuesta para rebajar al 0,5% el impuesto indirecto (el IPSI, que por ley no tiene tipo cero) que grava los alimentos de primera necesidad que el Gobierno de la Nación ha dejado sin IVA hasta julio. El del textil se quiere dejar en el 7% y el del calzado, en un 5% para intentar contener la inflación.
Todas las partes han coincidido también en abordar «desde la más absoluta lealtad institucional» la reivindicación al Gobierno central para que derogue el cambio del sistema de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social que introdujo por Real Decreto a principios de enero, que conllevará reemplazar desde septiembre el 50% de reducción vigente por una cantidad fija mensual (262 euros) limitada a los trabajadores con contrato indefinido que realicen 20 horas de formación al año.
Fuente: (EUROPA PRESS)
