El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado este jueves a la Fiscalía que investigue a su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, y a su hijo mayor Nicolás Petro, después de los ’’rumores’’ que circulan sobre que estarían cobrando sobornos a criminales para que puedan beneficiarse del plan de paz del Gobierno.
Petro ha recalcado que en base al ’’compromiso’’ que hizo cuando fue elegido presidente y a la ’’lealtad’’ que debe a quienes le votaron, ante los rumores acerca de las acusaciones sobre su hermano e hijo, ha pedido al fiscal, Francisco Barbosa, que les investigue y establezca las responsabilidades si corresponde.
’’El único funcionario que cuenta con el aval de Gobiero para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda’’, ha reiterado Petro en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.
’’Mi Gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios’’, ha subrayado.
’’Mi compromiso con Colombia y con las colombianas y colombianos es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia’’, ha dicho.
Por último, el presidente colombiano ha cerrado con la confianza en que su hermano y su hijo mayor ’’puedan demostrar su inocencia’’, pero remarcando al mismo tiempo que respetará ’’las conclusiones a las que llegue la justicia’’.
En los últimos días, el comisionado Rueda puso en conocimiento del fiscal Barbosa la existencia de un colectivo de abogados que estaría cobrando hasta un millón de dólares a narcotraficantes y delincuentes a cambio de maniobrar para que puedan ser incluidos en el plan de paz del Gobierno de Colombia.
’’Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición’’, dijo Rueda.
Este grupo de abogados estaría utilizando las visitas que Juan Fernando Petro y la senadora Piedad Córdoba realizaron a varias cárceles para entrevistarse con algunos de sus reos durante la pasada campaña electoral para hacerles creer que podrían ser beneficiados con la política de ’paz total’ del Gobierno.
Fuente: (EUROPA PRESS)
