El Juzgado de Instancia e Instrucción Número 5 de Santander ha estimado parcialmente las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Cantabria en torno a la presunta trama de adjudicaciones irregulares en el Servicio de Carreteras Autonómicas y ha aceptado la petición de incluir en la causa a las empresas investigadas.
El Ejecutivo hizo esta solicitud al Juzgado para poder apartar a estas empresas de los contratos en los que están en licitación y en los que ha participado el jefe del Servicio de Carreteras que ahora se encuentra en prisión provisional, ya que la investigación ha detectado posibles hechos ilícitos en una decena de expedientes que están en marcha y deben ser adjudicados.
Para analizar la petición de apartarlas, estas sociedades tienen ahora un plazo para personarse en la causa con abogado y procurador y, una vez lo hagan, las partes serán convocadas a una vista en la que podrán alegar sobre la prohibición de contratar solicitada por el Gobierno al considerar que no sería responsable contar con ellas.
Y es que hasta ahora la causa solo incluía a personas físicas, es decir, a los cuatro responsables de estas empresas –Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina– que fueron detenidos y puestos a disposición judicial junto al supuesto cabecilla de la trama, el jefe del Servicio de Carreteras, y a su mujer.
Sin embargo, el Juzgado ha rechazado la segunda medida cautelar pedida por el Ejecutivo cántabro, que consistía en abrir una cuenta bancaria donde consignar las cantidades pendientes de abonar por las obras ya ejecutadas con participación de esas empresas investigadas, en cuya adjudicación intervino el referido funcionario encarcelado.
En este caso, la jueza estima que no procede la tutela judicial porque las obras pendientes de pago no forman parte de la investigación en marcha, ha informado el Gobierno regional.
Fuente: (EUROPA PRESS)
