La Comisión Europea ha mantenido contactos ’’intensos’’ en las últimas semanas con el Gobierno español sobre la reforma del sistema de pensiones, que según ha dicho este jueves el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está ya ’’prácticamente’’ acordada con Bruselas y que es una de las condiciones a las que estará sujeto el desembolso de los 10.000 millones del cuarto pago del fondo anticrisis que España aún no ha solicitado.
’’Ha habido intensos intercambios en las últimas semanas en relación con los compromisos asumidos por España en la Decisión de Ejecución del Consejo sobre la sostenibilidad fiscal del paquete global de reforma de las pensiones’’, han indicado fuentes comunitarias a Europa Press.
Asimismo, desde Bruselas han señalado que estos contactos se dan habitualmente con los Estados miembro, especialmente en el caso de reformas ’’complejas’’, como la Comisión considera que lo es la renovación del sistema de pensiones.
No obstante, las mismas fuentes han aclarado que corresponde al Gobierno español comunicar cualquier medida que tenga intención de presentar a este respecto.
En una visita a Bruselas el pasado 20 de febrero, el ministro ya avanzó que estaba ’’muy cerca de poder cerrar el proceso’’ y auguró que culminaría entre finales de febrero y primeros de marzo, aunque garantizó que, en cualquier caso, la reforma llegará ’’antes de Semana Santa’’.
De no cumplir con los plazos acordados con Bruselas para sacar adelante la reforma de las pensiones, España se expone a la suspensión de parte de los fondos del siguiente tramo del plan de recuperación, ya que se aplicaría la máxima sanción prevista en el procedimiento de suspensión de pagos para los retrasos en la entrada en vigor, aunque en ningún caso la sanción afectará a la totalidad del tramo.
En concreto, la penalización por incumplimiento de plazos abre un periodo de seis meses de congelación de parte del pago en el que el Estado miembro tiene la oportunidad de completar el hito u objetivo correspondiente en caso de demora, lo que, según el documento de la Comisión, ’’favorece la aplicación continuada del plan y da tiempo a los países para levantar la suspensión si cumplen la medida’’.
Si eso ocurre, Bruselas levantará la suspensión mediante una evaluación positiva y posteriormente, pagará el importe congelado tras el dictamen positivo del resto de Estados miembro, a través del Comité Económico y Financiero.
Acorde a la metodología de penalizaciones, la base para el cálculo del importe suspendido se corresponderá con el ’’valor unitario’’ de un hito u objetivo, que se calcula dividiendo el valor total del Plan de Recuperación de cada Estado miembro –69.528 millones en el caso de España– entre el número de hitos y objetivos, y que, de incumplirse, reducirán el presupuesto total inicialmente asignado.
Fuente: (EUROPA PRESS)
