El Defensor del Pueblo considera necesario impulsar la elaboración de un censo de edificaciones y lugares públicos con mayor riesgo por presencia de amianto para dar así cumplimiento a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que exige la retirada de este material tóxico en instalaciones y emplazamientos.
Esta es una de las recomendaciones que figuran en el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2022 presentado este lunes, en el que se refiere al tratamiento del amianto después de la citada Ley aprobada en 2022.
Dicha norma establece un plazo de un año para que los Ayuntamientos elaboren un censo de instalaciones contaminadas con amianto y lo envíen a las comunidades autónomas para que éstas inspeccionen y verifiquen que los materiales se han retirado y enviado a un gestor autorizado.
Sin embargo, en sus actuaciones, el Defensor señala que algunas administraciones se hallan aún en las fases preliminares de impulso de las medidas previstas en la norma y, por tanto, las posibilidades de cumplir el plazo son escasas.
Por ello, ha sugerido a las consejerías de medio ambiente de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad de Madrid, La Rioja y la Región de Murcia que adopten las medidas necesarias para agilizar el cumplimiento de las obligaciones previstas y que establezcan criterios orientativos para la elaboración del inventario y el calendario de retirada.
Además, de cara a facilitar la aplicación de la norma, la institución sugiere a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que ’’intensifique la comunicación’’ a través de la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos, para resolver dudas, fijar criterios o poner en común buenas prácticas que hayan desarrollado las comunidades autónomas o entidades locales para la elaboración de los inventarios y los calendarios.
Fuente: (EUROPA PRESS)
