El PSC registrará este lunes en el Parlament una proposición de ley para modificar el régimen de asignaciones temporales y pensiones que reciben los presidentes del Parlament en cesar así como sus familiares al considerar que las circunstancias que justificaron la norma han cambiado ’’notablemente’’, según se recoge en el texto al que ha tenido acceso Europa Press.
Así lo ha avanzado La Vanguardia, que recuerda que la ley permite que los expresidentes que han ejercido el cargo desde 1980 puedan percibir, durante el mismo tiempo que hayan estado en el cargo y como máximo durante 24 mensualidades, una asignación mensual equivalente al 80% del sueldo.
También establece que si el presidente del Parlament ha ejercido el cargo durante dos años como mínimo, una vez llegan a los 65 años tienen derecho a recibir una pensión vitalicia mensual del 40% de su sueldo, y los cónyuges vivos no separados legalmente de un expresidente de la Cámara también pueden percibir una pensión vitalicia equivalente al 50% de la pensión de jubilación.
En el texto, los socialistas proponen rebajar del 80% al 20% el complemento salarial que cobran tras la dejar la presidencia del Parlament y durante un periodo de seis meses a contar desde la última asignación vencida.
Sobre la pensión vitalicia que reciben a partir de los 65 años, plantean rebajar la asignación que reciben del 40% al 10% del sueldo y también durante medio año, y del 10% al 5% la retribución mensual para los cónyuges víduos.
La ley, aprobada en 1988 durante el primer mandato de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, recogía que el objetivo de estas disposiciones era que los presidentes del Parlament pudieran ’’atender sus necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas’’.
Sin embargo, los socialistas creen que actualmente no hay presidencias ejercidas por personas de larga trayectoria política ’’en la lucha por la recuperación de las instituciones democráticas y que pudieran haber encontrado serios impedimentos, dado sus carreras de cotización, para atender’’ las citadas necesidades.
’’PRIVILEGIO INJUSTIFICABLE’’ Además, creen que ha cambiado la percepción social ante este tipo asignaciones específicas para cargos públicos, ’’hasta el punto de ser percibidas como un privilegio injustificable’’, y cree que en ello puede haber contribuido el hecho de que puedan cobrarlas personas que han estado poco tiempo en el ejercicio de cargo.
En el texto no se menciona a la presidenta suspendida del Parlament Laura Borràs, que el domingo cumplió dos años desde que la nombraron en el cargo, y sobre quién pesa la duda de si podría cobrar o no la pensión vitalicia porque fue suspendida de derechos y obligaciones desde julio del año pasado.
Fuente: (EUROPA PRESS)
