La Fiscalía promovió dos investigaciones –una por la vía penal ante el Tribunal Supremo (TS) y otra por la vía disciplinaria– contra el fiscal de la Audiencia Nacional (AN) Vicente González Mota por presunta revelación de datos conocidos en el ejercicio de su cargo, en el marco de la polémica generada por la prescripción en el ’caso Miguel Ángel Blanco’, a la que se oponía, dos investigaciones que finalmente han acabado archivadas.
El dilema sobre la prescripción en el seno de la Fiscalía quedó de manifiesto el pasado julio cuando González Mota, entonces fiscal del ’caso Miguel Ángel Blanco’, pidió ser relevado del mismo porque creía que era posible perseguir este crimen pese al tiempo transcurrido, en contra del criterio de la mayoría de sus compañeros de la Audiencia Nacional.
A raíz de estos sucesos, desde la Inspección Fiscal se abrieron unas diligencias informativas por la presunta revelación de un correo electrónico enviado el 19 de julio por el fiscal jefe de la AN Jesús Alonso a González Mota donde se hablaba de la eventual prescripción del delito y las instrucciones acerca de la postura procesal que debía mantener el destinatario del ’email’ de cara a unas declaraciones previstas para el día 21 de julio.
Esas diligencias informativas se encauzaron en un primer momento por la vía penal a la Fiscalía del Supremo, donde terminaron archivadas descartando un presunto delito de revelación de secretos, según las fuentes fiscales consultadas por Europa Press.
Tras ello, se tomó el cauce disciplinario. Así, el pasado 10 de enero, el fiscal promotor de la acción disciplinaria abrió un expediente contra González Mota por una ’’falta muy grave’’ por esa supuesta revelación de datos conocidos por razón de su cargo, de acuerdo con el decreto de archivo, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.
En este segundo procedimiento, oídos González Mota y su sustituto al frente del ’caso Miguel Ángel Blanco’, el fiscal de la AN Pedro Rubira, este último en calidad de testigo, el promotor de la acción disciplinaria concluyó que ’’no ha quedado acreditado’’ que el fiscal investigado revelara dicho correo electrónico.
’’Conviene recordar que el derecho a la presunción de inocencia exige, para ser desvirtuado, una actividad probatoria de cargo producida con las debidas garantías, de la que pueda deducirse razonada y razonablemente la culpabilidad del sancionado administrativamente y, en el presente caso, solo constan meras conjeturas y sospechas’’, resolvió.
El promotor de la acción fiscal, Manuel Moix, destacó además que la postura de la Fiscalía sobre la prescripción del ’caso Miguel Ángel Blanco’ ’’habría dejado de tener un carácter reservado desde el momento en que el día 21 de julio el fiscal Rubira se pronunció al respecto, tras las declaraciones previstas para ese día, para justificar la no petición de medidas cautelares’’ para los ex jefes de ETA Miguel Albisu Iriarte, alias ’Mikel Antza’, y María Soledad Iparraguirre, ’Anboto’.
LA APIF EXIGE RESPONSABILIDADES En consecuencia, Moix acordó archivar la vía disciplinaria, según dicho decreto, firmado el 3 de marzo. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), a la que pertenece González Mota, ha instado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a que ’’adopte las medidas de dirección y reorganización necesarias para que la Inspección de la Fiscalía General del Estado sirva a los fines que legal y estatutariamente tiene encomendadas’’.
En concreto, urge a García Ortiz a ’’exigir responsabilidades a los responsables de lo ocurrido, incluyendo la remoción del o la fiscal responsable en la Inspección Fiscal de estos hechos, y a la reorganización de la Inspección a fin de que sucesos así no puedan volver a ocurrir’’.
’’La Inspección no puede actuar sin un mínimo de comprobación contra los fiscales, promoviendo la apertura de investigaciones penales contra estos o actuaciones disciplinarias. Más grave es cuando, como en el caso que vamos a denunciar, actúa de oficio, sin denuncia de particular, autoridad judicial o de la Fiscalía, presuponiendo la culpabilidad del fiscal’’, dice la APIF en una carta enviada a García Ortiz con fecha de 10 de marzo.
La APIF le reprocha que ’’ocho meses, en total, ha tenido la Fiscalía General investigado al fiscal que discrepó en un asunto emblemático entre los muchos crímenes terroristas padecidos en España, al no querer archivar la causa por no considerar razonables los motivos para ello’’.
Sostiene que ’’ni había razones para abrir diligencias penales contra el fiscal (…) ni tampoco para abrir un expediente disciplinario, por los mismos motivos, pero se encontraron razones para tener a un fiscal excelente durante ocho meses (…) pendiente de una mancha en su expediente, por el único delito de hacer bien su trabajo cuando otros lo hacían mal’’.
Llama la atención sobre el hecho de que ’’en un caso de discrepancia con la jefatura, articulado escrupulosamente conforme a la legalidad por un fiscal, resulte encausado ese fiscal y ni sombra de sospecha sobre el fiscal jefe con el que se discrepa’’.
’’No puede la APIF, viendo la deriva y los modos utilizados por la Fiscalía General y por la Inspección Fiscal, sino denunciar este tipo de prácticas intimidatorias, que son incompatibles con las exigencias que debe tener la Fiscalía’’, afirma.
Fuente: (EUROPA PRESS)
