El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la firma de un contrato de concesión de servicios entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y BLS (International Limited Services) para la recogida y tramitación de solicitudes de visado.
Tras una última prórroga, el pasado 24 de febrero de 2023 finalizó el contrato con la empresa BLS firmado con fecha 12 de diciembre de 2016. Iniciado el proceso de licitación para realizar un nuevo contrato con un proveedor de los servicios descritos, por Resolución de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de fecha 30 de enero de 2023, se adjudicó dicho contrato a la empresa BLS que presta sus servicios en 59 oficinas de la red consular.
Sin embargo, contra dicha adjudicación se interpusieron dos recursos especiales ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC, en adelante), suspendiéndose automáticamente el acuerdo de adjudicación y sus efectos, por lo que, a partir del 25 de febrero dejó de existir el contrato que permite la prestación de los servicios indicados, explica el Ministerio.
Sin embargo, para garantizar la continuidad del servicio, el Gobierno ha declarado la situación de emergencia para celebrar un contrato temporal con BLS, ’’considerada la opción más adecuada’’ que dé cobertura durante el periodo entre el 25 de febrero y la fecha en que se formalice y produzca sus efectos el contrato adjudicado por resolución de 30 de enero de 2023.
ALTO VOLUMEN DE SOLICITUDES Según expone el Ministerio, anualmente España tramita un alto volumen de solicitudes de visados Schengen, que la sitúan en el segundo lugar (por detrás de Francia), dentro del grupo de Estados miembros del Acuerdo.
Es por ello que habría un riesgo de colapso de los servicios consulares a partir del 25 de enero si no se declarase la ’’situación de emergencia’’ para la celebración del contrato. Además, señala el Ministerio, existiría una ’’imposibilidad’’ para los solicitantes de acceder en plazos razonables a la tramitación de sus visados, ’’daño’’ a la imagen de España, tanto en los países de acreditación y ante sus autoridades nacionales, como ante el resto de los socios del Acuerdo de Schengen y ’’perjuicio’’ para la industria turística española.
Según se desliza en las referencias del Consejo, las gestiones de la empresa también incluyen servicios de información, recogida de datos y solicitudes (incluidos identificadores biométricos y digitalización de documentos), cobro de tasas, gestión de citas para entrevistas, remisión de solicitudes a la oficina consular y devolución de documentos de viaje a los solicitantes.
Fuente: (EUROPA PRESS)
