El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha aceptado la personación del PP y de VOX en el conocido como caso Azud, en el que se investigan presuntas ’mordidas’ a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias, así como una supuesta financiación ilegal del PSPV en las elecciones de 2007 y 2008.
De esta manera, PP y VOX ejercerán de acusación popular en el procedimiento y tendrán que compartir el mismo abogado, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la resolución, que es recurrible. Además, la jueza fija una fianza de 10.000 euros para poder personarse.
Según informaciones publicadas, en su resolución, la jueza afirma que ninguna de las dos formaciones indica el motivo por el que se quiere personar en el procedimiento y advierte del riesgo de extender la confrontación política a la causa: ’’Ninguno de los partidos ha intentado personarse, por lo menos desde el levantamiento del secreto,*personándose en este momento cuando nos encontramos inmersos en pleno período electoral,*de lo que podría inferirse los verdaderos motivos de dichas personaciones’’, asevera.
Cuando VOX solicitó personarse en enero de este año avanzó que pensaba exigir la devolución efectiva de todos los fondos públicos obtenidos ilegalmente y señaló que ’’se perseguirá hasta el final’’.
Por su parte, el PP aseguró que quería personarse en el procedimiento para ’’saber toda la verdad’’, ’’sin miedo a nada’’ y ’’pase lo que pase’’, dijo en su momento el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón.
En este procedimiento, en la pieza principal, con más de medio centenar de investigados, se investigan presuntas ’mordidas’ a cambio de adjudicaciones de obra pública por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias y los delitos de delitos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.
En la última pieza sobre la que se ha levantado el secreto, la número 7, hay nueve personas investigadas: el exresponsable de finanzas del PSPV Pepe Cataluña; el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues; el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera; el ex consejero delegado de la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A., José María Marugán; Juan José Fermández, exempleado de Acciona; y los empresarios Jaime Febrer, Enrique Gimeno y Francisco Antonio Gigante.
Según consta en el informe de la UCO de esta pieza, a lo largo de los ejercicios 2007 y 2008, la sociedad Cronosport materializó diversos trabajos de merchandising para el PSPV, algunos de los cuales se enmarcan en las dos campañas electorales. Sin embargo, algunos de estos trabajos habrían sido asumidos realmente por terceras empresas, a las que esa mercantil habría emitido facturación ficticia para justificar el abono de los trabajos para el Partido Socialista.
Fuente: (EUROPA PRESS)
