La asamblea que aglutina a los países integrados en el Tribunal Penal Internacional (TPI) han subrayado este miércoles su ’’inquebrantable’’ apoyo a la labor de la corte frente a las ’’amenazas’’ que habría recibido tras ordenar la semana pasada el arresto del presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusado por crímenes de guerra.
El Gobierno ruso, como represalia, impuso sanciones contra los jueces y también contra el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, después de que Putin fuese señalado junto a la principal responsable presidencial de derechos de la infancia, Maria Alekseievna Lvova-Belova, por el supuesto traslado forzado de niños ucranianos.
La presidencia de la Asamblea de Estados Parte ha condenado en un comunicado los intentos de ’’entorpecer’’ los esfuerzos internacionales que buscan que los responsables de cometer delitos contemplados en el Derecho Internacional rindan cuentas por sus abusos.
El TPI, como institución ’’independiente e imparcial’’, está llamado a aplicar los principios contemplados en el Estatuto de Roma y ’’preservará su integridad’’ independientemente de los avisos y medidas que puedan adoptarse contra él, ha añadido.
Los países firmantes de dicho Estatuto han subrayado que la corte de La Haya no es más que un reflejo del ’’compromiso colectivo para combatir la impunidad sobre los crímenes internacionales más graves’’. Es ’’una institución de último recurso’’, han recordado, ’’complementaria’’ a las jurisdicciones nacionales.
Rusia no forma parte del TPI, por lo que sus instituciones no están obligadas a cumplir con la orden de arresto ni se espera que vayan a hacerlo de manera voluntaria. Dado que la corte no contempla juzgar a acusados ’in absentia’, un hipotético juicio a Putin requeriría en primer lugar que fuese detenido, algo que están obligados a hacer los países firmantes del Estatuto de Roma si entra en su territorio.
Fuente: (EUROPA PRESS)
