La Fiscalía de Paraguay ha iniciado este jueves una investigación contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) y el vicepresidente Hugo Velázquez, después de que Estados Unidos designase a ambos políticos como ’’significativamente corruptos’’.
El Ministerio Público paraguayo ha resuelto, tras disponer la apertura de una causa penal, la conformación de un equipo de trabajo para la investigación, cuyos miembros están asignados a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, en la Lucha contra el Narcotráfico.
El fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, ha explicado que el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que el exmandatario Cartes ’’obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político’’.
’’Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente de Paraguay’’, según comunicó el embajador estadounidense, Marc Osftield, a las autoridades paraguayas en julio de 2022.
Desde Washington, indicaron que las acciones del exdirigente del país ’’permitieron y perpetuaron la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por Estados Unidos, lo que socava la seguridad de Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo transnacional y amenaza la estabilidad regional’’.
Semanas después, el embajador estadounidense comunicó la sanción contra el actual vicepresidente de Paraguay, así como contra el asesor legal de la Entidad Binacional Yacyretá, Juan Carlos ’Charly’ Duarte, ’’por participación en corrupción significativa, que involucra el soborno de un funcionario público y la interferencia en procesos públicos’’.
Para el fiscal, estos hechos que en opinión de Washington ’’contribuyen a la disminución de la confianza en el gobierno y la percepción pública de corrupción e impunidad’’, ’’merecen la investigación por parte del Ministerio Público, que permitirá instalar un pronóstico fáctico, probatorio y jurídico, tendientes a un caos penalmente relevante, lo que impone la necesidad de la apertura de una causa penal, para su investigación’’.
Fuente: (EUROPA PRESS)
